En medio de la discusión sobre el ajuste fiscal entre Nación y las provincias, el diputado provincial Luis Rubeo reclamó al gobierno santafesino que grave con el impuesto a los ingresos brutos a las empresas agroexportadoras asentadas en la provincia. "Las grandes cerealeras prácticamente no pagan tributos en Santa Fe", dijo el legislador, quien a fines de 2015 -cuando presidía la Cámara de Diputados de Santa Fe- presentó un proyecto de ley para gravar con una alícuota del 2 por ciento, a las actividades industriales derivadas de la transformación de cereales y oleaginosas.
En un contexto del recorte de recursos de la Nación a las provincias, el legislador peronista salió al cruce y defendió en particular a Santa Fe, uno de los Estados provinciales más afectados por el ajuste del gobierno de Mauricio Macri.
"No hay decisión política en Santa Fe para llevar adelante un régimen que implique que las agroexportadoras tributen como corresponde. Se niega el gobernador y también se niega la bancada oficialista", dijo el diputado Rubeo.
De todos modos, la iniciativa de hace casi tres años no se trató en la Legislatura santafesina, pero Rubeo logró que en el presupuesto 2016 se incorpore un gravamen del 0,5 por ciento a las cerealeras, que durante ese ejercicio se hizo efectivo. No obstante, "por un acuerdo del gobernador Miguel Lifschitz con las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe, aquella alícuota fue reducida al 0,25 por ciento, que es lo que se paga actualmente", dijo.
En mayo de este año Rubeo insistió con un nuevo proyecto de ley para imponerle a las cerealeras la alícuota del 2 por ciento de Ingresos Brutos. "Los pequeños contribuyentes pagan el 3,6 por ciento de Ingresos Brutos y las grandes cerealeras prácticamente no pagan", argumentó.
Por la equidad impositiva
También el legislador provincial Carlos del Frade presentó un proyecto de ley para que el gobierno provincial cree un "fondo de equidad impositiva", conformado con el resultante de cobrar el 5 por ciento de la facturación de las principales trece exportadoras ubicadas en el territorio provincial.
La iniciativa señala que la provincia podría contar con más de 18 mil millones de pesos para destinar a las urgencias sociales "y no descargar las consecuencias de las políticas económicas nacionales en las familias santafesinas".
