En el marco del XXVI Congreso de Aapresid que se lleva a cabo hasta mañana en la ciudad de Córdoba, se realiza el Simposio del Agua, un conjunto de talleres que buscan poner el foco en las necesidades de articular políticas públicas que contengan los nexos entre el agua, la energía y la producción de alimentos.
Para eso, contaron con la presencia de Mónica Gabay, de la Dirección de Ordenamiento Territorial, Suelos y Lucha contra la Desertificación, Adrián Rodríguez, jefe de Unidad de Desarrollo Agrícola del CEPAL, y Víctor Pochat, consultor en Gestión y Planificación de Recursos Hídricos.
Sobre el inicio, Gabay explicó que el nexo de agua-energía-alimentos es una forma de abordar un sistema complejo con nudos temáticos que reúnen varias dimensiones, como por ejemplo las tensiones entre las demandas del uso del agua que se pueden compensar con la producción de alimentos y energía.
En 2009, en el contexto del Foro Económico de Davos, una de las preocupaciones fue la seguridad hídrica, y según explicó la especialista, eso derivó en estudios de la seguridad alimentaria y energética, por lo que diferentes organizaciones internacionales comenzaron a abordar la temática.
Con el análisis de organismos internacionales, se empezó a pensar en la necesidad de elaborar políticas públicas que den respuestas a diferentes problemáticas como la importancia de "precios lógicos" para la energía, o las tensiones en la seguridad alimentaria por la demanda de biocombustibles.
A su turno, Rodríguez aseguró que con los nexos buscan "romper los hilos con los que se manejan los factores agua, energía y alimentos", y agregó que algunos estudios internacionales explican que la falta de implementación de estos métodos de trabajo se basan en el desconocimiento de su relación.
Las principales necesidades para establecer políticas públicas están vinculadas a una Ley que modere las aguas articuladas con las leyes de servicios de agua potable, o la regulación completa del ciclo del agua, así como un balance entre las seguridades alimentarias y de biomasa para producir energía. Rodriguez explica que los derechos humanos tienen un rol importante en esta generación de nexos.
Esta Ley debería abordar la consideración del agua como recurso natural estratégico y como bien social, y debería establecer procedimientos para apoyar las perspectivas económicas, sociales y ambientales, como plantea la Agenda 2030.
También destacó la posibilidad de generar elementos de coordinación institucional, con un organismo administrador que fomente la sinergia por encima de los intereses sectoriales, pensando -por ejemplo- en un Ministerio del Agua.
Para él, la clave está en promover la participación, la coordinación y el debate en esa área, y -dependiendo de las capacidades del organismo- habilitar facultades en gestión y planificación hídrica.
En energía, el objetivo sería un cambio en la matriz energética, fomentando el uso de energías renovables; y en alimentos, se requeriría revisar la política agrícola, y analizar la eficiencia, competitividad y seguridad alimentaria, para promover un uso eficiente del agua y una modernización del riego.
Una última aclaración de Rodríguez se basó en las tarifas: "Es muy importante evitar las distorsiones, como por ejemplo los subsidios a la energía que puedan inducir a un uso excesivo, o algún subsidio para el uso del riego que no promueva la eficiencia". Para eso, destaca la relevancia de inducir a prácticas sostenibles agrícolas con instrumentos económicos para el manejo, que contribuyan a la innovación en el sector.
