El costo del paro nacional superará los $15.000 millones, de acuerdo a las estimaciones que había realizado el Gobierno durante la medida de fuerza que había llevado adelante la CGT en abril del año pasado.
Actualizando esa cifra por la inflación y el crecimiento acumulados desde ese entonces, la suma se estirar a más de $20.000 millones, aunque se trata de un cálculo sobre el que los economistas no tienen consenso respecto a la metodología utilizada.
Es que tanto para el paro del 2017 como en la movilización de Moyano del 21 de febrero pasado, el Ejecutivo dividió el total producido por el país en un año por la cantidad de días hábiles para precisar el impacto que tiene una jornada laboral no trabajada.
Así, en el caso de la protesta que hizo el camionero durante el verano el ministerio de Hacienda realizó una ponderación del valor agregado por cada actividad que se sumaba a la medida y el grado de representación de los gremios que se adherían.
Esto había arrojado unos $4.800 millones de pérdida, y casi $700 millones menos en recaudación por menor cobro de IVA y Ganancias. Si se toman los últimos datos del Indec del primer trimestre de 2018, el valor agregado bruto fue de $10.016.030 millones a pesos corrientes, lo cual arroja unos $27.400 millones diarios. Pero como no todos los rubros pierden el 100%, el resultado final es inferior a ese monto. Lo cierto es que los expertos advierten que son datos para tomar con pinzas porque depende de qué sectores sean los que paren y si tienen la posibilidad (por ejemplo como sucede en el agro) de recuperar ese menor volumen en la actividad por un sólo día.
De ahí su desconfianza a las cifras divulgadas por el propio Gobierno. BAE Negocios intentó comunciarse con voceros del ministerio de Trabajo y de Hacienda, pero no respondieron las consultas respecto al impacto que tendrá esta nueva jornada de protesta de las centrales obreras, a la que esta vez se adhirió el sector clave del transporte con la UTA.
En ese sentido, a la dificultad de hacer un cálculo de este tipo se suma el momento de baja que se vive en el rubro industrial luego de la corrida cambiaria, que se expresa con una enorme heterogeneidad, con actividades funcionando al 35% de la capacidad instalada y otras al 65%.