La Sociedad Rural Salteña planteó a la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, un recurso de reconsideración de la resolución 19/18, del 24 de enero, por la cual se suspendieron preventivamente las actividades en 32 fincas que, según el ministerio nacional, fueron habilitadas en forma irregular.
La aspiración del ministro Sergio Bergman es que los campos preparados para el pastoreo y la actividad agrícola sean reforestados con flora nativa.
Es amplio el daño de esa resolución de Bergman, que puso en duda decisiones soberanas de la Provincia, invocando protocolos cuya interpretación corresponde a la Justicia. De hacerle caso, no solo se demolerían las mínimas garantías que requiere la inversión, sino que se perderían entre 18 y 24 mil puestos de trabajo, entre empleos transitorios y permanentes en una zona en la que el principal empleador son los municipios.
Ayer el ministro Bergman, a pesar de que su resolución dice otra cosa, matizó su postura y dijo que solo se refiere a las zonas rojas que habrían sido desmontadas -en el caso de las 32 fincas salteñas, todas están en áreas amarillas- y aseguró que la decisión de suspender la actividad la adoptó el gobernador Urtubey.
Bergman dejó abierto un tema polémico. Recuerda el caso típico del deudor que, encima, reclama que le paguen. Sostiene que Salta no rindió cuentas por los fondos que habría recibido por la ley de bosques. Su gestión y las anteriores deben a las provincias unos mil millones de dólares, ya que el Fondo Nacional de los Bosques Nativos, compuesto por "partidas presupuestarias que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional, integradas con el 2% de las retenciones a las exportaciones de productos provenientes del campo. A Salta, con cinco millones de hectáreas le corresponde no menos del 60%. Y los dueños de los campos inmovilizados nunca cobraron esa indemni zación.
