Inesperadamente, y sin explicaciones persuasivas, el Gobierno provincial suspendió la ejecución de los cambios de uso de suelos en la región chaqueña, es decir la adecuación para el desarrollo ganadero y agrícola, y notificó a la familia Braun Peña que debe suspender el desmonte en la finca Cuchuy.
Esas actividades habían sido aprobadas por la autoridad provincial. Sin embargo, luego de las teatrales denuncias de la organización Greenpeace, de decisiva influencia en el Ministerio ambiental nacional, el ministro Sergio Bergman emitió una resolución, para las que carece de atribuciones constitucionales, que instó a Salta a suspender los efectos de "las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo".
La finca Cuchuy, a 70 kilómetros de Tartagal, pertenece a Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
Los activistas de Greenpeace habían venido formulando denuncias contra la legitimidad de los desmontes, que fueron rechazadas categóricamente por el Gobierno provincial hace apenas 14 días.
El técnicamente endeble ordenamiento territorial incluyó ese predio en el área pintada de amarillo, es decir como zona boscosa que solo se puede incorporar a la actividad productiva con autorización del gobierno provincial. Este autorizó el desmonte de 8.962 hectáreas, aproximadamente un tercio de la totalidad del predio. En ese momento el gobierno de JUAN MANUEL URTUBEY aseguró que "la autoridad competente avaló el cambio de uso del suelo", y comunicó que esos trabajos que se ejecutan desde 2014 "se ajustaron a la normativa ambiental vigente al momento de su autorización". "Sólo la Justicia podría paralizar la actividad", remarcó.
Según la Constitución y la misma ley de bosques nativos, son las provincias las que dictan sus ordenamientos territoriales y determinan las políticas ambientales. En este contexto, que el Gobierno provincial haya acatado una orden del ministro Sergio Bergman sin esperar una orden judicial es una mala señal.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable carece de autoridad para imponer una medida de esa naturaleza a la Provincia.
Sin embargo, en una resolución redactada en términos propios de un fallo judicial, esa cartera avanzó sobre las actividades de finca Cuchuy y de al menos una docena de campos donde la Provincia había autorizado la actividad, en lo que la cartera nacional denomina "recategorización", cuando en realidad es una categorización lisa y llana, atribución que la ley de bosques asigna a la Provincia.
Asumiendo el rol de juez, Bergman "establece" que las autorizaciones otorgadas por el Gobierno salteño son "incompatibles" con la ley de bosques. Insta a "suspenderlas" y a "restaurar los ambientes de bosques nativos desmontados". Además, anticipa que la Dirección Nacional de Bosques "fiscalizará el cumplimiento de la presente resolución" para actualizar el ordenamiento territorial y el otorgamiento de los beneficios económicos del fondo nacional para el enriquecimiento y la conservación de los bosques nativos.
Nada dice Bergman de un detalle: ese fondo, que según la ley de bosques debía compensar las pérdidas económicas a las provincias que no pueden explotar su tierra, nunca fue pagado. Se estima que la deuda acumulada merodea los mil millones de dólares, de los cuales un 60% corresponderían a Salta, que desde 2009 ha paralizado su ganadería y su agricultura con cinco millones de hectáreas pintadas de amarillo para evitar el avance agroganadero.
Una mala noticia en un momento muy malo
La resolución del ministro Bergman obliga a preguntarse, desde Salta, si realmente existe la decisión de mantener la región despoblada, carente de los beneficios en materia de empleo y calidad de vida que brinda el desarrollo. Sería descabellado, pero, en ese caso, deberían decirlo.
La chismografía política destaca que lo que está en juego es una finca de un primo de Peña. La realidad es que la resolución impone un retroceso económico y social que se extiende en millones de hectáreas de nuestra provincia.
Y ocurre en un momento dramático, cuando el cierre del Ingenio San Isidro desnuda la fragilidad del aparato productivo y del empleo genuino en Salta.
Pero el ministro Bergman, además, está en falta. Desde 2008 la ley de bosques fue incumplida. El artículo 30 crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, con el objeto de "compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que estos brindan". Debe estar integrado por partidas "que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional y por el 2% del total de las retenciones a las exportaciones". Se estima que la deuda acumulada en una década supera los mil millones de dólares. El 70% debió ir a los dueños de los predios boscosos y el resto a las administraciones provinciales.
