El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Agroindustria, lanzó diversas medidas y políticas públicas de fiscalización para intentar transparentar las cadenas comerciales de distintos sectores alimenticios a partir de innumerables quejas recibidas.
En el sector harinero, con apoyo de las autoridades de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), se lanzó una encuesta de carácter obligatorio con el objetivo de tener información actualizada de las plantas y su capacidad operativa.
Los primeros resultados para transparentar la industria harinera llegaron rápido: la semana pasada se supo que la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario (Succa) clausuró la planta de Molinos Río Segundo luego de detectar irregularidades.
Sin embargo, según denuncian directivos de las cámaras que agrupan a frigoríficos y matarifes, en el sector cárnico no estaría ocurriendo lo mismo a pesar de la orden de Mauricio Macri de transparentar la cadena y desalentar la competencia desleal.
Así quedó de manifiesto en el marco de una protesta que organizaron este jueves la Cámara de Industria Frigorífica (CADIF), la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA) y la Cámara de Matarifes Abastecedores.
Dichas entidades se movilizaron junto a centenares de trabajadores del sector a la puerta del Ministerio de Agroindustria por la Avenida Paseo Colón a denunciar que la decisión de Macri no se está ejecutando en los organismos públicos de control.
En diálogo con La Política Online, Miguel Schiariti, presidente de CICCRA, dijo que "coincidimos con la política oficial y vemos en Macri un aliado para combatir la evasión; pero lamentablemente no ocurre lo mismo en el Senasa y otros organismos".
"Necesitamos que estos organismos dejen la liviandad de lado y actúen con fuerza para terminar con las malas prácticas sanitarias que generan evasión, informalidad y cooperativas truchas operadas por matarifes ocultos", apuntó Schiariti.
En marzo pasado Macri junto a los representantes de todos los eslabones de la cadena cárnica presentaron un programa gubernamental Pro-Transparencia tendiente a reducir la informalidad y evasión que se estima en miles de millones de pesos.
"Hace más de diez años estas cooperativas truchas funcionan como pantalla para evadir impuestos, cargas sociales, normas higiénico sanitarias y ambientales perjudicando a las empresas regularmente organizadas", denunció el presidente de CICCRA.
En este contexto, la ganadería es una de las principales apuestas de la Casa Rosada dado que se trata de un sector con un potencial enorme que fue castigado por el kirchnerismo. De hecho, en el primer año y medio de gobierno de Macri el stock creció un 4%.
La fuerte recuperación de la ganadería sorprendió a los propios funcionarios que no esperaban que se diera tan rápido: en enero/julio de este año creció la faena (+ 8,6%), la producción (+ 8,1%), el consumo interno (+ 5,7%) y las exportaciones (+ 21,5%).
"La apertura de mercados sólo puede lograrse con transparencia comercial interna y sancionando a quienes trabajan en negro. Solo así se protegerá el trabajo actual y aumentará el empleo formal con buenos salarios y en blanco", agregó Schiariti.
CICCRA, CADIF y los matarifes aseguraron que los frigoríficos que cumplen todas las normativas "pierden más de un millón de pesos por mes, mientras que los operadores marginales se enriquecen y tienen cada vez mayor participación en el mercado".
"Actualmente por esta situación hay muchas empresas en riesgo y miles de puestos de trabajo en juego; necesitamos que el buen diálogo que tenemos con el Gobierno se traslade a resultados concretos", concluyó Schiariti.
