La Provincia recibió fondos nacionales por unos $ 36 millones en los últimos ocho años para la conservación de los bosques nativos, pero apenas rindió cuentas por cerca de $ 3 millones. El dato se desgrana de un informe de la Dirección de Bosques de la Nación, que depende del Ministerio de Medio Ambiente. Según esa cartera, la Ley de Bosques no se cumple en Tucumán en tres aspectos: no se actualizó el ordenamiento territorial desde 2011, no se multó a ningún infractor ni se rindieron cuentas por los fondos remitidos.
La ley nacional de Bosques (26.331), sancionada en diciembre de 2007, determina los "presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad". Asimismo, establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos. La Provincia adhirió a la normativa en 2010 (Ley 8.304).
Entre las medidas, cada distrito debe elaborar un ordenamiento territorial de los bosques nativos, empleado para delimitar áreas por un sistema de semáforo: las zonas rojas no pueden desmontarse bajo ningún motivo; las amarillas pueden usarse para turismo, recolección e investigación científica; y las verdes pueden emplearse -con determinadas condiciones- para uso agrícola. El ordenamiento es el primer paso para controlar los desmontes y proteger las áreas boscosas. El informe de Nación consigna que desde la sanción de la ley tucumana, el plazo para la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos venció en junio de 2015. La Provincia solicitó una prórroga, pero aún no presentó la documentación.
A la mora se suman los fondos sin rendir. Según la planilla del Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de Bosques Nativos, el Ministerio de Desarrollo Productivo local recibió entre 2009 y 2016 más de $ 36 millones. El PE justificó adecuadamente $ 4 millones enviados en 2009. Entre 2011 y 2014 no fueron justificados aproximadamente $ 21 millones, y el estado de rendición está vencido. La Provincia aún está a tiempo de completar la rendición de cuentas de $ 12 millones, según la documentación consignada en el informe técnico del 12 de junio, firmado por Mariana Tellechea, asesora legal de la Dirección Nacional de Bosques. Además, aclara que $ 204.407 rendidos están en estudio. El expediente no consigna el envío de fondos en 2010 ni 2012.
A los fondos sin justificar y el relevamiento desactualizado, la funcionaria macrista suma otro incumplimiento. "La Provincia de Tucumán no cuenta con Planes de Cambio de Uso del Suelo cargados en el Registro Nacional de Planes. Al día de la fecha no hay infracciones cargadas en el Registro Nacional de Infractores. Ello es obligatorio por el artículo 27 de la ley de Presupuestos mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos", consigna. El mismo expediente precisa que en Tucumán se desmontaron 35.020 hectáreas entre 2008 y 2016.
La senadora Silvia Elías de Pérez intimó por escrito a comienzos de julio al gobernador, Juan Manzur, a que la Provincia diera cumplimiento con la ley de bosques. "Preocupados por las inundaciones que ha sufrido la provincia hemos comenzado a investigar, porque a todos los lugares que visitábamos la gente nos decía que aumentaban los desmontes de los bosques nativos, y nos mostraban los lugares que se convirtieron en cultivos o emprendimientos inmobiliarios, donde debería estar el bosque", explicó la radical.
Elías de Pérez solicitó la intervención del Ministerio de Medio Ambiente nacional para que la Provincia regularice su situación. "Sabemos que se ha autorizado de una manera incorrecta la tala de bosques nativos, o al menos no se tomaron medidas. Vemos que nuestra provincia está atrasada, que no presentó el ordenamiento territorial a Nación, que los fondos que llegan no son rendidos como corresponde. Esto es la resultante de gobiernos que al tema no le dieron la importancia que tiene, máxime en una provincia que del total de sus bosques tiene más de un 60% de zonas rojas, es decir, que deben protegerse celosamente", completó.
Desde el Ministerio de Producción de la provincia aseguraron que el Poder Ejecutivo (PE) lleva adelante una política de preservación de los bosques nativos y desmintieron que los desmontes registrados tengan relación con las últimas inundaciones, sobre todo con la que afectó la localidad de Lamadrid a comienzos de abril (algunos barrios quedaron sepultados por hasta dos metros de agua).
El secretario de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós, renegó por la falta de presupuesto en el gobierno macrista y consignó que, en 2016, Tucumán se encuentra entre las provincias con menor porcentaje de perdida de tierras forestales. "Según el informe elaborado por la Dirección de Bosques nacional, en Tucumán se desmontaron solamente 171 hectáreas. Este valor significa que la provincia tiene para ese periodo de tiempo un porcentaje anual de pérdidas del 0.12%", consignó por escrito el funcionario de Casa de Gobierno a LA GACETA. De acuerdo a la respuesta, del total de hectáreas desmontadas, el 83% se encontraba en la tercera categoría (zona verde), donde los desmontes pueden ser permitidos; el 6% corresponde a la categoría II (zona amarilla); y el 10% restante se encontraba en zonas sin categoría. De las 171 hectáreas, 143 fueron desmontadas en Leales en zona verde, y 11 en la zona amarilla de La Cocha.
"Los datos demuestran que aquellos que sostienen que las inundaciones ocurridas en Lamadrid de este año son el resultado de la falta de control en los desmontes pueden haber utilizado datos desactualizados, en algunos casos falsos y tendenciosos", respondieron desde el PE a la senadora Silvia Elías de Pérez. "Han ocurrido casos donde se autorizó el desmonte en zona amarilla porque a partir de la inspección intrapredial se pudo identificar que el bosque existente no estaba conformado por árboles de especies nativas, por lo que el cambio de uso de suelo no estaba restringido", indicó el funcionario.
Simón Padrós destacó la importancia de la normativa nacional y provincial sancionada, y recordó que en 2006 la Legislatura declaró por ley la emergencia de las masas boscosas nativas por dos años (7.731), prohibiendo los desmontes. "Estas leyes han permitido disminuir de manera drástica la tasa de deforestación", aseguró. Desde el PE coincidieron con el informe de Nación en la mora para actualizar el mapa de ordenamiento territorial de los bosques nativos y que se encuentra pendiente el cumplimiento.
Desde Casa de Gobierno achacaron al macrismo por no destinar los fondos suficientes para la preservación de bosques. La ley de Bosques (26.331) establece que no pueden destinarse partidas presupuestarias anuales inferiores al 0,3% del presupuesto total de la Nación para el año vigente. "De acuerdo a la ley, ese fondo debería estar constituido por no menos de $ 2.500 millones y sin embargo la partida asignada es 10 veces menor. La exigua partida nos demuestra la falta de compromiso del Estado nacional para con la ley. Cada año se dispone una partida presupuestaria que no es debida y se incurre en un sistemático incumplimiento de la norma nacional", explicó Simón Padrós.
En cuanto a los fondos recibidos, desde el PE indicaron que la suma de fondos sobre los que se rindió cuentas es mayor a la consignada por la Nación. "La Nación le envió a la provincia entre 2011 y 2016 $ 36 millones, de los cuales lleva rendidos $ 10 millones, encontrándose la totalidad del saldo ya adjudicado a 105 planes de conservación presentados por diferentes personas/empresas, la mayoría de ellas provenientes del sector privado, ONG y dependencias estatales relacionadas con la preservación de las áreas protegidas", finalizó.
