Al menos 51 países mantienen la restricción de importar carne procedente de Brasil, según un informe del Ministerio de Agricultura de ese país, publicado hoy por el diario O Globo.
De esa lista, nueve países restringen por completo la compra de carne producida en el país sudamericano, entre ellos Estados Unidos, que lo anunció el 22 de junio.
El informe también precisó que los 42 países restantes limitan la entrada o refuerzan las condiciones de inspección sanitaria para productos pecuarios brasileños, como China y Rusia, dos de los principales mercados para los productores del país sudamericano.
No obstante, según O Globo, otros 20 países aceptaron las nueva medidas de control sanitario anunciadas por Brasil y retomaron la importación de compra procedente de ese país.
La crisis del sector exportador de carnes en Brasil comenzó en marzo, cuando un operativo de la Policía Federal denominado "Carne Fraca" (carne mala) inspeccionó las sedes y plantas de 21 productores de carne del país.
Según investigaciones de la policía brasileña, las empresas comercializaban carne vencida, alteraban las fechas de caducidad de sus productos o utilizaban productos prohibidos para mejorar su aspecto.
La denuncia también indaga las posibles tramas de corrupción entre los productores de carne y los fiscales sanitarios para que estos últimos no denunciaran las irregularidades cometidas en las plantas productoras. Desde que comenzaron las investigaciones policiales, los exportadores de carne brasileña intentan recuperar la confianza del mercado internacional.
"La expectativa de ampliar la participación en el mercado va a la basura, porque va a ser muy difícil exportar lo mismo que el año pasado", declaró al periódico carioca Cesar de Castro, analista del mercado agropecuario de la empresa MB Agro.
La crisis del sector se agravó después de que se hizo pública la grabación de una conversación entre Yoesley Batista, propietario de JBS, el mayor productor de carne del mundo, con el presidente Michel Temer, en la que éste último parece avalar el pago de sobornos.
La grabación, que tuvo lugar fuera de la agenda presidencial, forma parte del acuerdo de cooperación judicial ("delación premiada") que el empresario hizo con el Ministerio Público para no ir preso acusado de corrupción.
