Luego de la reunión de la Mesa Agropecuaria Bonaerense que mantuvo en la jornada de ayer, junto al resto de las entidades agrarias, con la gobernadora María Eugenia Vidal desde Federacion Agraria manifestaron su preocupación por la visión que tiene la gobernadora Vidal y se evidenció que su ministro (de Economía) Lacunza no la asesora de forma íntegra con respecto a la situación de rentabilidad en las diferentes actividades y realidades de las familias agrarias y la carga tributaria que pesa sobre ellas.
En la reunión, los funcionarios públicos sostuvieron que la presión fiscal se ha alivianado y se ha recuperado la rentabilidad. Para nosotros este año es todo lo contrario. De hecho, en breve tiempo le va a llegar a los productores el revalúo de más de 15 mil partidas en lo inmediato (que llegarán a 90000), con un aumento promedio del 57% en la cuota de noviembre.
Desde el Gobierno se insiste en que se ha beneficiado el sector en los últimos tiempos y que, salvo los productores de General Villegas, el resto no puede quejarse. Esta opinión no es compartida por la FAA.
Al respecto, hemos sido muy claros cuando planteamos que no todos los productores son iguales; que requerimos de políticas públicas universales y diferenciadas, las que no se advierten en un año y medio de gestión.
La realidad que viven las familias agrarias sumergidas en el interior bonaerense es muy complicada: están abandonadas en caminos cortados por el agua, huérfanas de la conectividad que le imponen ARBA y AFIP; a merced de la inseguridad rural; con costos inflacionados en dólares e ingresos estancados o devaluados; con un mercado interno decaído que restringe las compras de alimentos, tambos que cierran día a día, productores integrados de pollos a merced del capricho de la industria concentrada y todos víctimas de un agobio fiscal instrumentado con herramientas creadas en tiempos que preferimos olvidar, pero que se aplican en la actualidad con más rigurosidad que en las peores épocas. Cuando a esta realidad se la suplanta por una planilla de cálculo, quienes vivimos y trabajamos en el interior ya sabemos qué futuro nos espera.
Esa política agraria la vivimos en los '90. No queremos volver al endeudamiento y la expulsión de aquella época, cuando se perdieron más de 100.000 productores y se puso a muchos pueblos del interior en riesgo de desaparición. Estamos a tiempo de reconocer errores. De advertir que no todo el campo es lo mismo.
Pero reiteramos, esos dichos deben ser honrados inmediatamente con políticas públicas diferencias y universales y no con soluciones testimoniales para algún productor tomado de forma aislada.
Si se parte de un mal diagnóstico, la solución al estancamiento y desarraigo del interior no llegará nunca y el corazón de la vida del interior, que es la familia agraria y la comunidad rural, se sofocará con decepción política y frustración económica.
