Los sectores ganadero y turístico piden una solución a la problemática de los perros cimarrones que atacan al ganado y presentan situaciones de riesgo para los excursionistas en los senderos de trekking.
Cabe recordar que el Gobierno provincial a principios de año promulgó la ley 1.146 sobre perros asilvestrados y tenencia responsable. La norma declara "Especie Exótica Invasora" al perro cimarrón y establece las diferencias entre tenencia responsable, perro supervisado, perro no supervisado y perro asilvestrado o cimarrón.
La ley estipula la creación de un programa de control de poblaciones caninas en el ámbito de la provincia que tiene como principal objetivo la promoción de la tenencia responsable de mascotas, la realización de estudios que reflejen fehacientemente el impacto que representan los perros salvajes en los distintos sectores, establecer estrategias de control de la población canina y crear un sistema de denuncias en el ámbito extra urbano. Además, el proyecto procura preservar a los animales que teniendo dueño vagan por no estar debidamente supervisados, lo que no los convierte en perros asilvestrados.
Para estos casos se pretende concientizar a las personas sobre la tenencia responsable de mascotas demostrando el impacto que representa para la provincia el desinterés en el cuidado de mascotas. La normativa crea un fondo de emergencia socioambiental destinado a resolver la problemática planteada.
Este fondo es administrado por Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático y tendrá su origen de los fondos provenientes principalmente del Impuesto Inmobiliario Rural.
El Municipio emitió un comunicado en el que solicitó "precaución y colaboración a los vecinos" mientras se llevan adelante las tareas de rastrillaje. Las autoridades informaron que utilizan jaulas trampas y que un móvil de Zoonosis patrulla la zona, al tiempo que aconsejaron "no caminar por el lugar" ni "alimentar a perros sueltos o acercarse a ellos".
El Concejo Deliberante aprobó esta semana una ordenanza que declara a la ciudad en "emergencia socio ambiental" por la proliferación de perros sueltos. La norma autoriza procedimientos administrativos de excepción para poner en funcionamiento un "Plan de Manejo de la Población Canina" que demandará cinco años de tareas ininterrumpidas, indicaron los funcionarios consultados. Además de la mujer atacada por esta jauría, un niño de 11 años sufrió varias mordeduras de perros mientras jugaba en una plaza del barrio Los Alacalufes, por lo que también debió recibir atención médica, aunque solo sufrió lesiones de carácter leve.
