La historia de la privatización de bodega Giol lleva más de 27 años y su trama parece no haberse cerrado del todo. Es que la venta del ex establecimiento estatal en el gobierno de Bordón disparó una serie de demandas cruzadas entre Fecovita, adjudicataria del complejo, y el Estado mendocino, hoy condensados en un litigio de casi $ 30 millones que la Provincia quiere cobrar; y si bien las partes buscan un acuerdo, la firma no descarta pedir una condonación vía legislativa.
La deuda es por intereses compensatorios a raíz de la mora por la compra de los activos de Giol, incluidas sus principales marcas, desde 1996. "Federación de Cooperativas Vitivinícolas c/Provincia de Mendoza por consignación" la carátula del expediente 52160 que está en la 3era Cámara de Apelaciones en lo Civil, pero hay otras 2 causas iniciadas por la Provincia por cobro que se unificaron tras una primera apelación de la firma: la N° 99.345 la caratulada "Provincia de Mendoza c/ Federación de Cooperativas p Cobro de Pesos" ( $3 millones a devolver por reintegro de exportaciones) y 99.551 "Gobierno de Mendoza c/ Federación Coop. Argentinas p/ Cobro de Pesos" ($ 30 millones de intereses).
"Por la consignación y el incumplimiento de contrato que implicó la demora en escriturar los bienes consideramos que no hay deuda. Como la resolución puede perjudicar a muchos minifundistas vamos a incorporar el pedido de condonación", argumentó Osvaldo Coll, apoderado legal de Fecovita, que se aferra al antecedente de Lumay (ver), ya notificado de un fallo en contra y a la espera de una inminente sentencia final del mayor.
A fines de mayo, la Comisión Directiva de Fecovita decidió un cambio de estrategia: ante otro revés judicial, el plan es entrar a la arena de la pulseada política, la Legislatura, aunque tampoco dan por agotada la negociación con el Ejecutivo. Tiene bastante por perder; la Justicia ya la sentenció a cancelar $ 3 millones, como parte de lo que en el Ejecutivo llaman "juicio chico" (la devolución de un reintegro de exportaciones), y se viene el más importante: su ejecución implica que Fecovita afronte más de $ 30 millones, con actualización de intereses.
Desde Asesoría de Gobierno anticiparon que el no pago en tiempo y forma le ocasionó perjuicio a la Provincia "que la Justicia ha contemplado para el fallo". Según su responsable, Gabriel Orbelli, "de haber argumentos sólidos la empresa debería haberlos usado para no perder en primera instancia".
Sin pensar en la condonación, en el ministerio de Economía descartan cualquier obstáculo que les impida cobrar. "Se analizarán condiciones de pago", adelantó el ministro Kerchner, antes de conocerse la intención de pedir el perdón, y en muestra de confianza anticipó prevé destinar el dinero al reciente plan de reconversión vitícola.
Los escenarios
Aunque en Fecovita saben que podría llegar a la Corte, admiten que el camino se bifurca: resignarse a la ejecución de la sentencia por los $ 30 millones no sin negociar con el Gobierno en la forma de pago, o rumbear hacia la Legislatura para pelear el perdón por ley. Para eso, necesita un proyecto del Ejecutivo mismo, o el aval justicialista, mismo color de la gestión que privatizó Giol.
Carlos Iannizotto, director de Fecovita y presidente de Coninagro, reconoció que "atentos a la sentencia, la decisión es dar por terminada la vía jurídica". Sin embargo, el presidente de la firma, Eduardo Sancho insistió en que "no debemos ese dinero porque en su momento la Provincia no escrituró. Pensando en una condonación está el antecedente de Lumay, pero hubo un efecto negativo indiscutible: sin bienes no había garantías y tampoco créditos".
Kerchner ha mantenido varias reuniones con Sancho y la cúpula de Fecovita. Y sabe que sea cual sea la definición tendrá que pasar por el 4to piso de Casa de Gobierno para ser refrendada por el propio gobernador Cornejo.
Las partes coinciden en la voluntad de un arreglo. Y también saben que, para que la condonación prospere en una Legislatura con hegemonía oficial la única vía posible es una iniciativa del Ejecutivo. Cualquiera sea el origen del proyecto, un perdón de deuda bajo esas condiciones requiere de una ley que lo avale, pero con la actual composición de fuerzas políticas es difícil "pelearla".
"Tiene más sentido que ese dinero beneficie a los productores. Si se confirma ese destino, la idea es que sea en el plazo más corto posible", señaló Alfredo Aciar, actual jefe de gabinete de Economía y referente en temas de la industria vitivinícola, al relativizar una quita o un perdón de la acreencia.
El destino pretendido es el fideicomiso para reconvertir cepas, tema en agenda de los funcionarios provinciales para la próxima semana, habida cuenta de una propuesta pendiente bajo dos alternativas: un pago de contado con una quita menor, o hasta 48 cuotas con una tasa a definir.
Hoy Fecovita agrupa 5 mil productores y 25 mil hectáreas productivas, en torno a 4 unidades de negocio (Resero, Toro, Estancia Mendoza y Concentrados).
En 2016 sumó una bodega en San Martín y otra en Tunuyán ( tiene 5). Para 2014, según el INV y la página web de Fecovita, la firma comercializó 260 millones de litros en Argentina, con Vino Toro como la marca más elegida en el mundo, con 200 millones de litros anuales. En poco tiempo pasó de 11 a más de 30 etiquetas.
Historia de reclamos cruzados
Al privatizar Giol en 1990, las condiciones contemplaban 2 años de gracia y 8 cuotas, con 7% de interés anual sobre saldo, para cancelar la Unidad de Fraccionamiento y Comercialización (la bodega El Progreso, y 11 sucursales), adjudicada a Fecovita y la S.A Cubas de Roble, luego quebrada.
Con un atraso en los 4 primeros años, Arturo Lafalla acordó reestructurar la deuda: Fecovita debía pagar 1 millón de pesos/dólares a cuenta, para refinanciar otros 7,2 millones en 48 cuotas, aunque sin la mora de 1992-96 ($ 7,3 millones a agosto del '96).
La demora en escriturar activos y marcas como Toro, transferidos por Efor (Ente de Fondos Residuales) en 1999, abrió el litigio por incumplir contrato; para el 2000 había abonado 40 cuotas y $5 millones por marcas, y la diferencia entró en conflicto. Ya en 2004, una intimación del Gobierno para cancelar 8 cuotas derivó en una propuesta de pago de $1,4 millón rechazada que Fecovita consignó en la Justicia. Los intereses hoy suman $ 30 millones.
Una sentencia en primera instancia de la jueza Eugenia Ibaceta en una de las causas iniciadas le dio la razón a la Provincia, al considerar que, si bien no había escriturado a tiempo, Fecovita usufructuó los activos.
Con argumentos parecidos, el 15 de marzo pasado el Fiscal de Estado, Fernando Simón, avaló la postura oficial, antes de rechazar un arreglo extrajudicial por el 50% del monto.
Antecedentes del caso Lumay
Fecovita se aferró a una conciliación y hasta una propuesta informal de pago con quita, pero nada resultó. Por eso la condonación es, con acuerdo o no, prácticamente la última carta por jugar la firma para revertir su suerte.
Base de la estrategia para zafar del pago es el caso de Cooperativa Lumay, que inició una demanda por falta de escrituración de una propiedad ex Giol, junto al histórico chalet de la familia fundadora. Con una ley, la transfirió con $1 millón, condonada durante la gestión Cobos.
"No son casos comparables. Lo de Lumay implicaba juicios cruzados y mucho más dinero por daños y perjuicios,lo que resultó en compensación", consignó Orbelli. Para Coll " a diferencia de Lumay, Fecovita pagó el capital, de ahí la inconstitucionalidad".
Pero la Corte ya le dió la espalda en otra acción similar, en agosto de 2016, al desestimar que la acreencia de la Provincia se hubiera extinguido "por compensación con el crédito que la demandada debía cobrar en reintegro de exportaciones", y falta de documentación probatoria.
