El defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, envió cartas documento a los gobiernos de Santa Fe, Córdoba, La Pampa y también al de la Nación intimándolos a ejercer el poder de policía sobre las canalizaciones clandestinas que se realizan en esas jurisdicciones y que derivan excesos hídricos sobre territorio bonaerense. También pidió al gobierno nacional a que "se ponga los pantalones" y se active el Comité Interjurisdiccional para definir las obras a realizar, pero reclamó que en lo inmediato que cese la proliferación de desagotes ilegales: "Cualquiera que tiene un campo drena el agua por donde quiere", definió. El disparador fue la decisión del gobierno bonaerense de autorizar el ingreso de agua proveniente de la laguna La Picasa a través de un canal aliviador que comenzaría a operar en 50 días.
La Picasa. La autorización a derivar agua a Buenos Aires fué detonante.
Las misivas estuvieron dirigidas a los mandatarios de Carlos Verna (La Pampa), Miguel Lifschitz (Santa Fe), Juan Schiaretti (Córdoba) y Rogelio Frigerio (ministro del Interior de la Nación).
La advertencia del organismo que preside el ex diputado sciolista Lorenzino se materializó luego de que el presidente del Comité Cuenca de La Picasa, Carlos Duhalde, revelara que el director de Recursos Hídricos bonaerense, Leonardo Sarquís, le confirmó el martes último que "se autorizó el ingreso de agua desde el canal aliviador" con un drenaje "podría empezar a operar en 50 días".
Pero el conflicto interprovincial surgió tras la inundación provocada por la crecida del Río Quinto, que lleva un gran caudal de agua desde el sur de Córdoba hacia los límites pampeano-bonaerense cuando vecinos alertaron sobre algunos movimientos antinaturales para drenar las aguas acumuladas de las provincias limítrofes hacia el territorio de Buenos Aires.
"No solo hay un problema de inversión en infraestructura, sino que ademas hay un problema de regulaciones. Hoy cualquiera que tiene un campo drena su agua como le parece", definió Lorenzino. Ejemplificó que "hoy tenemos un problema en General Villegas que es un distrito con el 70 por ciento de su superficie inundada, donde más allá de las lluvias, el agua no drena".
Señaló que "por eso mandamos una carta documento para visibilizar el problema al gobierno nacional y que regule el agua de esas jurisdicciones en función de lo que dice el fallo de la Corte Suprema de la Nación: que no alteren los cursos naturales y que sea el gobierno federal quien tenga que ver de qué manera las provincias administramos mejor el agua". En ese sentido, alertó que "por eso es necesario que la Nación convoque a este Comité Interjurisdiccional para encauzar el tema".
El defensor bonaerense denunció que "los canales clandestinos sin ninguna duda que existen. Cuando uno habla con los funcionarios en off, siempre dicen que ellos no pueden regular y que lamentablemente es el sálvese quien pueda". Y remató que "con esto volvemos a un estado prefederal donde cada provincia hace lo que quiere".
Por eso apuntó que "hace falta un gobierno federal que tiene que ponerse los pantalones y convocar a cada una de las provincias a hacer el plan de obras que sea necesario, pero también regular la contingencia ahora que está ocasionando desastres que son difíciles de cuantificar". Abundó que "necesitamos que el Estado cumpla con su poder de policía de cada provincia sino que además el gobierno nacional lo coordine y ejerza también porque es el gobierno federal quien tiene que regular los conflictos interjurisdiccionales".
