En un año marcado por las elecciones que llevarán a modificar la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados y un tercio en el Senado, Agroindustria buscará la aprobación de varios proyectos que permitan no sólo un cambio en la matriz de la producción agropecuaria sino también dotar de herramientas a las actividades extrapampeanas para modernizarlas volviendo al sector no sólo más productivo sino principalmente más sustentable.
Proyectos como semillas, seguros agrícolas, economías regionales o warrants son tan sólo algunos que la cartera a cargo de Ricardo Buryaile intentará cosechar luego de que el año pasado sólo haya podido sacar una ley que no fue de su propiedad: productos fitosanitarios, cuyo objetivo es asegurar que los envases usados en el campo no sean empleados nuevamente.
La misma está en su fase de reglamentación.
Otra que fue motivo de conflicto al llegar hasta los pasillos de la Rosada es el pago o no de las semillas. La industria quiere que salga sí o sí. "Sabemos que es un año electoral pero hay que terminar con este ciclo de que cada dos años la Argentina se paraliza porque es un año electoral", afirmó el director de Bayer CropScience para el Cono Sur, Hernán Bagliero.
Fuentes de la Jefatura de Gabinete consultadas sobre este punto consideraron que por ahora "no es necesario avanzar en una ley".
Advirtieron que las empresas se muestran conformes con los cambios en el Inase. Se entiende entonces casi con seguridad que este proyecto no avanzará.
Lo mismo lo percataron las fuentes del Congreso que coincidieron en afirmar que "si el Ejecutivo no tiene interés en impulsarla será difícil que salga. Hoy no hay nada que diga que sale".
El secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria, Santiago Hardie, reconoció en líneas generales que "no es un año fácil en materia legislativa", y si bien "vamos a trabajar el contexto no nos ayuda". El funcionario remarcó el interés en que salga una ley de seguros agrícolas cuyo titular es el diputado radical Luis Borsani.
El parlamentario explicó que "está en línea con lo que piden las entidades del campo y con el Ejecutivo. Se empezará a debatir la semana próxima", afirmó Borsani.
En esencia, se trata de un seguro multirriesgo que crea un fondo de sustentabilidad para subsidiar la prima. Hardie adelantó que su cartera también trabaja en una iniciativa parecida. Según pudo saber este diario, el mismo buscará que las provincias tomen la cobertura en forma casi obligada, de lo contrario no tendrán ayuda de la ley de emergencia agropecuaria que otorga beneficios impositivos a los productores. En este caso la prima será compartida con el Estado, pero para eso falta mucho.
Primero se deben dar una serie de herramientas que hagan previsible el negocio a las aseguradoras.
Para esto se espera en septiembre un desembolso de u$s150 millones del Banco Mundial.
También Agroindustria impulsa una modernización de la ley de warrants. Se trata de un título de crédito donde la mercadería es dada en custodia a una empresa, obteniendo a cambio la emisión de un certificado de depósito y un warrant, este último permite acceder al financiamiento. La idea es que ahora se puedan aceptar especies vivas y productos en elaboración.
Por lo pronto, quedan afuera iniciativas como la conservación del suelo, maquinarias agrícolas o promoción de las economías regionales.
Para el Gobierno ésta se incluyó en el Presupuesto.
Panorama entonces negativo para el sector, que una vez más queda fuera de la agenda legislativa.
El Ejecutivo entiende que con la quita de las retenciones y la apertura comercial su deuda con el campo está cumplida.
