El Gobierno publicará en los próximos días los primeros decretos que le darán forma al ambicioso Plan Nacional de Riego que, en una primera etapa, podría atraer inversiones por unos 1200 millones de dólares.
De las 53 áreas en 17 provincias identificadas con potencial para desarrollar proyectos que necesiten el riego artificial para producir granos, carne o frutas fueron seleccionadas cuatro áreas en cuatro provincias. Ellas abarcan 255.000 hectáreas, según informó el subsecretario de Recursos Hídricos del Ministerio del Interior, Pablo Bereciartúa.
Los decretos que le darán el marco legal a la iniciativa toman como base la ley de Participación Público Privada, promulgada el año pasado. El formato elegido es el de las corporaciones como la que en su momento impulsó el desarrollo del barrio Puerto Madero, en Buenos Aires, en la década de los noventa. Serán sociedades sin fines de lucro en las que participarán los propietarios de las tierras donde se desarrollarán las áreas y los gobiernos de la Nación y de las provincias.
Esta semana hubo reuniones en la Subsecretaría de Recursos Hídricos con potenciales inversores, tanto de empresas de riego e infraestructura como de empresas agropecuarias. También se firmó el primer convenio con Río Negro, y hubo avances con Entre Ríos.
"El propósito es crear entramados productivos y desarrollar infraestructura en lugares donde hoy no la hay", explicó Bereciartúa a LA NACION.
Aunque habitualmente se cree que por la riqueza productiva de la pampa húmeda el país no tiene mayores necesidades de riego, en rigor, la mayor parte del territorio nacional es árido o directamente desértico. Este plan, que tiene el asesoramiento del Banco Mundial, se basa en iniciativas similares desarrolladas en Perú, con 140.000 hectáreas, o en el estado norteamericano de Nebraska, donde hay 90.000 pozos productivos que le dan a la agricultura un valor adicional de 3600 millones de dólares. En el país hay un potencial de riego de 6,9 millones de hectáreas, pero apenas se aplica riego en 1,6 millones de hectáreas, según un informe de la Unidad para el Cambio Rural (Ucar).
Bereciartúa explicó que en las corporaciones el 51% de la titularidad corresponderá a los propietarios de la tierra donde se realizarán las obras de riego, que van desde pequeñas represas hasta canalizaciones, así como instalaciones eléctricas para llevar el agua hasta las zonas requeridas.
El propósito es conformar fideicomisos cuyos activos están compuestos por las tierras que servirán para atraer inversores. A su vez, las corporaciones fijarán el valor del agua de riego y podrán fijar estrategias comerciales. Tendrán un marco legal de largo plazo y los convenios con las provincias prevén que se requiera de mayorías especiales para cualquier modificación impositiva.
Respecto del impacto ambiental, el subsecretario de Recursos Hídricos explicó que corresponde a cada provincia la aprobación de los proyectos en curso.
Entre los interesados en invertir hay empresas extranjeras y nacionales. Una compañía china que desarrolla 3600 hectáreas de riego en Brasil mostró interés en la iniciativa. Su nombre no fue revelado.
Una de las firmas argentinas que sí expresó su interés en participar del proyecto es Cresud. La compañía agropecuaria del grupo IRSA produce granos, semillas y carne en San Luis. "Estas iniciativas son necesarias en el país para que en las áreas marginales haya producción de alimentos con valor agregado, que generen mano de obra local", dijo a LA NACION Carlos Blousson, gerente de operaciones de Cresud.
Autor: Cristian Mira
