En Mendoza hay más de 498 mil hectáreas con acceso a agua superficial o subterránea y un 90% es superficie productiva con derecho a riego. Es la que deberá pagar una tarifa un 18% más cara que en 2016.
Así, según sea el uso del insumo, arranca en $ 2 para industrias y llega a casi $ 84 por metro cúbico usado en irrigar las fincas lo que, sumado a costos de perforación y otros ítems, ya genera malestar entre productores mendocinos.
La modificación de los cuadros por parte del Departamento General de Irrigación también alcanza al uso recreativo del agua, en cuyo caso el costo se cuadruplica respecto al del riego. Pero también a la actividad petrolera ($ 6/m3), la minería ($ 16), y hasta la explotación del agua mineral para envasar ($ 24).
"Sin olvidar que somos un ente autárquico que puede fijar sus tarifas, la Superintendencia mantuvo una pauta de actualización del 18%, alineada al presupuesto provincial. Esto contempla cuota de sostenimiento, tarifas por contaminación y la suba de costo administrativo y operativo, como el mantenimiento de la maquinaria usada en los embalses respecto a 2016", argumentó Mario Yáñez, director de Contabilidad del DGI.
Según Yáñez, "el usuario participó en la elaboración del presupuesto. Es importante que el regante sepa de antemano lo que va a pagar y hasta aquí no hubo reclamos".
Sin embargo, la explicación del funcionario parece no alcanzarle a los regantes, que además de arrastrar un malestar de varios años, suman también el argumento de una inflación que no se refleja en el precio final de sus productos.
Cabe recordar que en la temporada 2013-2014, las boletas llegaron a los regantes con una suba del 400% por quita de subsidio al agua subterránea, y ya en 2016 las tarifas se ajustaron otro 25%.
"Sería correcto si el valor de la mercadería también siguiese la pauta inflacionaria, pero eso no pasa. De manera que, además de las contingencias climáticas, hoy en día, afecta cuando todo aumenta sistemáticamente. Por ejemplo, un productor de duraznos necesita vender 3 veces más fruta para hacer su casa que hace 9 años. Si no hay quejas es porque muchos más piensan bajar los brazos", sentenció Juan Riveira, presidente de Aspeff (Asociación de Productores y Exportadores de Fruta Fresca).
Sin dejar de recordar que "apenas asumió (José Luis) Álvarez (superintendente de Irrigación) aumentó 400% el agua subterránea. El año pasado 25%, y ahora acompañan la inflación", dijo Sebastián Lafalla, de la Asociación de Viñateros de Mendoza.
"Luego de perder el subsidio a la tarifa eléctrica, en vez de recibir menos presión, recibimos más de un ente estatal, que es el gobierno del agua pero no ha hecho nada, ni en infraestructura ni eficiencia de riego. Entonces, ¿para qué el aumento?", se preguntó Lafalla.
Costos en progreso
La medida, incluida en el presupuesto 2017 de Irrigación, afecta a unas 111 mil hectáreas con riego superficial o subterráneo del Gran Mendoza, además del Valle de Uco y zona Sur.
A las críticas por falta de obras para optimizar el sistema, Yáñez explicó los nuevos ingresos en ítems como "tarifa para obras menores" (impermeabilización de canales, etc) que pasó de $ 98 a $ 116 por hectárea irrigada y se suma en las boletas de cobro, ayudarán a incrementar un fondo "que permite abaratar las obras hasta un 40% en comparación a una licitación".
Sin embargo, el funcionario advirtió que las tarifas pueden volver a moverse durante 2017. "Si la inflación supera las expectativas actuales o la recaudación estimada cae por debajo del 82% o un 70% de lo presupuestado, obviamente habrá que hacer una revisión", admitió Yáñez.
La industria tampoco se mantiene ajena. En sintonía con sus pares, Armando Mansur, de Asolmen (Asociación Olivícola de Mendoza), señaló que "estamos acostumbrados a otros porcentajes, pero todo complica. Con un alto porcentaje de propiedades rurales en estado de abandono habrá que prescindir de la parte eléctrica y optimizar el riego, lo cual tampoco es fácil. Pero sin productores no hay industria".
Hay razones de mercado que hacen que regar sea cada vez más complicado para la rentabilidad del sector primario. Por caso, el Valle de Uco parece ser la zona donde contar con un pozo y extraer agua tiene el mayor costo: según la potencia de la bomba utilizada, se estima que perforar exige entre $ 1,5 millón y $ 2 millones, y poner en marcha un pozo supera fácilmente los $ 100.000.
Esto sin contar costos de reparación (llegan a $ 200 mil sin bobinado de motor), que se acercan al valor de un equipo nuevo (entre $ 220 mil y $ 240 mil).
Qué pasa con otras actividades
Para el uso petrolero el canon se fijó en $ 6 por metro cúbico (exploración, explotación y reparación de pozos), en tanto que para la minería el permiso precario contempla $ 16 por m3.
En cualquier caso, por uso clandestino, hasta $ 600 podrán aplicar como multa los subdelegados de los ríos Malargüe, Grande, Barrancas y Colorado o bien por cada m3 que se estime ha sido utilizado sin autorización previa del Departamento General de Irrigación.
La tarifa para industrias es $ 2/ m3 de agua superficial o subterránea, con la exigencia de una Declaración Jurada con el consumo mensual.
En el caso del agua mineral se aplica un canon de $ 24 por m3 que se envase. Si el destino es uso recreativo habrá un régimen especial para inmuebles de hasta 1.000 m2 (barrios privados). En caso de inmuebles de mayor superficie (hasta 5.000 m2) están obligados a una recategorización .
Nuevos costos de reformas, perforaciones y por contaminación
Tramitar el permiso para un nuevo pozo equivale desde ahora a un desembolso de casi $ 81.000 en total, entre el pedido inicial y la acordada de reemplazo final. Si se trata de reforma de pozo el presupuesto puede llegar a $ 6.700.
También se endurece el canon de control de contaminación. El primer paso es la inscripción de un Registro Único (de $ 4.300 a $ 8.550).
Según se contamine directa o indirectamente un cauce público o por uso recreativo en un embalse (catamarán, lanchas, rafting, kayak, campings, clubes, hoteles), se aplica un canon anual que va de $ 5.850 a $16.500.
