"En el Chaco norte hay un enorme desafío para la Provincia. Sobre todo porque debe haber una adecuación de la legislación ambiental actual a las necesidades de desarrollo humano de la zona", manifestó Carlos López Sanabria, coordinador local de la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria.
De acuerdo a la visión de este organismo, la zona del Chaco se encuentra paralizada por una mirada ambientalista. "No contempla la realidad humana de la zona. Eso está haciendo que la falta de desarrollo en la región chaqueña empuje a los jóvenes al tráfico de drogas o al tráfico ilegal de mercaderías como es el caso del bagayeo", advirtió López Sanabria.
En Salta aún no hay novedades sobre cómo seguirá el ordenamiento territorial que se aplicó en 2009 tras la aprobación de la ley de protección de bosques nativos. Desde ese entonces, se pintó en un mapa las áreas boscosas de tres colores: verde, amarillo y rojo, con distintas limitaciones para la producción. Cada cinco años se debía hacer una revisión.
"Hace falta un ordenamiento territorial que permita el desarrollo humano y que garantice la sustentabilidad ambiental de los bosques pero con la gente adentro, viviendo dignamente", dijo el funcionario.
De acuerdo a las palabras de López Sanabria, en estos momentos la legislación ambiental no les permite a los pequeños productores desarrollar más de 10 hectáreas sin entrar en un sistema de estudios ambientales que complican todo el proceso y que están completamente alejados de las posibilidades técnicas y económicas de un pequeño productor. Por lo tanto, hoy en día "el pequeño productor del chaco o viola la ley ambiental o tiene un sistema productivo tradicional que no le permite progresar económicamente", dijo.
"Seguimos cayendo en actividades ilegales como la tala de madera y la cría de ganado a campo abierto, que no es ilegal pero que no es sustentable ambientalmente", afirmó, y agregó que "la legislación ambiental de Salta es muy linda en la teoría pero en la práctica genera atraso y estancamiento en el desarrollo humano y destrucción del medioambiente".
El ordenamiento territorial tiene que venir de la mano de la legislación ambiental. Este problema lo tienen tanto los productores criollos como las comunidades originarias, el ejemplo más claro es el del cacique Dino Salas de la comunidad San Ignacio, a quien le denegaron el desmonte de 300 hectáreas. "Donde hay trabajo genuino no entra el narcotráfico", dijo López Sanabria.
En ese marco, sostiene que no solo hay generación de riqueza y de alimentos para las familias productoras y para las que están en otros sectores de la economía, sino que genera desarrollo humano.
