El sector vitivinícola argentino no ha estado al margen de las consecuencias de las políticas macroeconómicas argentinas de la última década aunque ha mostrado ciertos signos de diferenciación.
Un repaso general de la macroeconomía argentina de los últimos años da cuenta que se acumularon profundas distorsiones de precios relativos en línea con un déficit fiscal creciente. La expresión más notable de los desequilibrios fiscales y monetarios fueron la acelerada pérdida de reservas internacionales y una inflación elevada.
Por otra parte, hubo políticas que a través de la intervención pretendieron controlar los precios de la economía. Fue el caso del atraso de tarifas de servicios públicos que acumularon una distorsión tan elevada que desalentaron la inversión en varios sectores, entre ellos el energético. Otro precio clave del funcionamiento macroeconómico fue el tipo de cambio que también acumuló retrasos en relación al resto de precios de la economía y a través de políticas de intervención que llegaron a la prohibición de comprar divisas extranjeras o la importación de bienes y servicios se creó una fuerte distorsión que afectó significativamente la producción nacional, especialmente en aquellos bienes transables en el comercio internacional.
Con la llegada del nuevo gobierno comenzó un proceso de corrección de esos desequilibrios en algunos casos con un singular éxito como fue el levantamiento del "cepo cambiario" y en otros casos con más dificultad y aún sin resolver como el aumento de tarifas o los desequilibrios fiscales, prolongándose así a lo largo de 2016 una situación de elevada inflación en un marco recesivo como consecuencia de una ajustada política monetaria.
El sector vitivinícola ha estado considerablemente afectado por las políticas macroeconómicas y en algunos aspectos ha continuado un proceso de cambio estructural basado en ventajas competitivas diferenciales
