Sigue la polémica por la nueva ley de bosques que impulsa el oficialismo de esta provincia. La justicia suspendió la audiencia pública que se realizaría hoy en Villa de María del Río Seco, a 40 kilómetros de la frontera con Santiago del Estero.
La jueza provincial María Cristina Sanmartino de Mercado dio lugar a un amparo presentado por ambientalistas. Entendió que, por la distancia, no garantizaba la participación de todos los sectores.
En la audiencia debía tratarse el anteproyecto de ley de ordenamiento territorial de bosques nativos y especies exóticas que lleva un año vencido. El gobierno pretendía aprobarlo el próximo miércoles en la última sesión de la Unicameral.
Organizaciones ambientalistas como Vida Silvestre plantean que la iniciativa presenta un riesgo para las 500.000 hectáreas de bosques nativos en la provincia. Manuel Jaramillo, director de Conservación de la fundación, explicó que se pidió que no se avance con la norma hasta que no haya un nuevo mapa de ordenamiento, "surgido del proceso técnico participativo necesario" para el análisis objetivo de los 11 criterios de sustentabilidad definidos en la Ley de Bosques.
"No podemos pensar en un nuevo mapa de ordenamiento territorial que disminuya la protección de los remanentes de bosques nativos. Debe aumentarla. Esto sería una violación de la ley de Bosques y comprometería seriamente los pocos bosques nativos que nos quedan en la provincia", agregó.
La posición de las entidades de productores es otra. Por ejemplo, la Sociedad Rural de Jesús María propone un sistema de manejo integrado al medio ambiente.
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"Para evitar el desarraigo rural en el norte cordobés, tenemos que apostar a la sustentabilidad ambiental, productiva y sociocultural. Para ello, es necesario un plan de manejo que apunte a la capacidad de resiliencia de las zonas degradadas", advirtió el ingeniero agrónomo Carlos Arnold, asesor técnico de la entidad.
Para la entidad, lo intangible no sería el bosque en sí, sino el servicio ambiental que éste provee. "En ese sentido, la mano del hombre resultaría fundamental en estos casos, para generar mejores sistemas de equilibrio en el norte de la provincia", dijo.
Santiago Elena, integrante del Movimiento Campesino de Córdoba, insistió en que si avanza la ley habrá un rolado selectivo sobre 2 millones de hectáreas, mediante el cambio de zonas rojas a zona amarilla, donde se permite el uso de rolo.
"De hacerlo se disminuye la superficie de conservación lo que va contra la ley nacional, dejando a los campesinos y productores que han ordenado el territorio sin acceso al financiamiento que viene por pago de servicios ambientales", indicó.
