En dos semanas vencerá el plazo previsto para que el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela envíe al Concejo Municipal su dictamen sobre la problemática del uso de agroquímicos y entre las agrupaciones ambientalistas existe cierta expectativa por conocer la manera en que determinará el pedido de modificar la ordenanza vigente.
Tras varios reclamos llevados a cabo en el recinto de sesiones, los concejales resolvieron solicitar este dictamen al organismo estatal que trabaja en cuestiones medioambientales, y si bien no será de carácter vinculante, será una voz "oficial" que los ediles sumarán a las discusiones.
El pedido se realizó tras una reunión mantenida el 7 de septiembre y se fijo un plazo de 60 días para poder contar con una respuesta. Durante todo este tiempo, y mientras las protestas ambientalistas se repitieron, el tema no ha tenido mayores avances. De allí la importancia de contar con este dictamen y de que el tratamiento no se siga demorando.
A pocos días de conocerse la solicitud del dictamen, en la sesión del 15 de septiembre ingresó oficialmente un pedido de María Paz Caruso, directora del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela, para tener acceso al expediente del Concejo al respecto.
Pocos días después, desde las agrupaciones ambientalistas elevaron una nota a este organismo municipal para que a la hora de realizar dicho dictamen se tenga en cuenta la opinión de diversos especialistas "que puedan aportar una mirada independiente y formada en estudios científicos de campo".
En este sentido, adjuntaron una lista de dichos especialistas y sus respectivas trayectorias, para que puedan ser convocados. En la nómina citaron nombres como Damián Verzeñassi, Damián Marino; Medardo Ávila Vázquez y Walter Pengue.
Cabe recordar que el Instituto es un organismo creado a partir de este año y que, por ahora, se ha abocado principalmente al trabajo vinculado a energías renovables y recuperación de residuos.
Cabe recordar que dentro del pedido de modificación de la ordenanza, la distancia del límite agronómico aparece en el eje de las discusiones. El planteo de los grupos ambientales pretende fijar esa distancia en los 800 metros (actualmente son 200).
De todas maneras, se desconoce si el dictamen del Instituto hará mención a este tipo de características puntuales, o si sólo se enfocará en cuestiones generales. De una forma u otra, sin dudas será motivo de análisis, no sólo de los concejales, sino también de las agrupaciones que vienen reclamando los cambios en la normativa.
