El pasado 15 de septiembre se presentó en el Congreso Nacional el proyecto de presupuesto 2017 con la proyección de recursos y gastos previstos para el año que viene. El primer rebote fuerte en el área de agroindustria fue la renuncia de Oscar Alloatti, Secretario de Agricultura Familiar, ante las perspectivas de menores recursos reales para el 2017.
Asimismo, se prevén recortes a las partidas de los organismos descentralizados: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA- y del Servicio de Sanidad Animal y Vegetal – SENASA- lo que aumentó la preocupación sobre los puestos de trabajo de dichas entidades en los últimos días.
Si bien las áreas son afectadas son varias, el impacto del recorte es distinto según organismo y programa. Una primera observación general permite comprender el alcance de la restricción presupuestaria en el área de agroindustria: el presupuesto total 2017 de la administración pública nacional, considerando gastos corrientes y de capital se incrementa un 22,1% en comparación con el 2016. Pero para el caso del Ministerio de Agroindustria el aumento nominal interanual es de apenas el 2,8%. Aún con valores de inflación estimados para el año que viene de manera muy optimista, está claro que el 2,8% representa una pérdida de recursos reales con respecto a los disponibles este año.
Ese valor tan bajo de actualización del presupuesto del total del Ministerio, pareciera que sólo puede cuadrar si se dan de baja diversos programas y, seguramente también, se da de baja personal. Esto es lo que parece haber estado en la discusión que planteó el Secretario de Agricultura Familiar, y la intención del Secretario de Agricultura, Ricardo Negri de reducir la cantidad de grupos de cambio rural.
El aumento del 2,8% del total de Agroindustria, en realidad tiene dos componentes bastante diferenciados: mientras que el incremento del presupuesto de los organismos descentralizados es positivo (aunque menor que la inflación esperada), en el caso del componente central del ministerio, el presupuesto se reduce en valores absolutos un 12,7%. Esa es la mayor restricción presupuestaria que tiene el ministerio y que, por lo visto, no está totalmente claro sobre qué áreas recaerá el mayor peso. El componente central es el que incluye el presupuesto de cada Secretaria y Subsecretaría del Ministerio.
A esta altura vale la pena hacer una aclaración técnica, pero necesaria. El presupuesto 2017 del Ministerio de Agroindustria presenta la creación y la modificación de los programas presupuestarios de 2016. La creación en términos presupuestarios no significa que se trate de un programa nuevo, sino que programas existentes se encuadran presupuestariamente de otra manera. Como consecuencia de ello, no es factible comparar rubro por rubro 2016 versus 2017 en todos los casos los programas existentes. Algunas líneas quedan claras: las reducciones aparecen en los programas asociados a la Secretaria de Agricultura, a las producciones regionales y a la agricultura familiar.
En relación a los organismos descentralizados tanto el INTA, como el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero -INIDEP-, el Instituto Nacional de Vitivinicultura –INV- y SENASA verifican un leve incremento nominal de sus presupuestos, lo que mostraría una baja real de los mismos. Los porcentajes de incremento según lo observado por El Enfiteuta son de 6,3% para el INTA, 2,4% para el INIDEP, 6% para el INV y 0,2% para el SENASA. Con una inflación del 17% como prevé el presupuesto o del 20% como consideran como mínimo diversos economistas, está claro que en todos los casos hay una reducción real del presupuesto. El único organismo que escapa a esta lógica es el INASE, que se le otorgó un aumento del 45,3%.
El caso del INTA presenta algunas consideraciones particulares: en una instancia inicial desde el Instituto se había requerid $ 6.250 millones para el funcionamiento de la entidad, y las autoridades del ministerio de Agroindustria se habían "comprometido" con el organismo descentralizado a otorgarle $ 5.700 millones. Sin embargo, eso tampoco se cumplió y el proyecto de presupuesto 2017 planteó $ 5.112 millones para la entidad. Parte del recorte presupuestario incluye el Inciso 1, que corresponde a pagos de salarios. De esta manera, de parte del INTA estiman que el recorte presupuestario pondría en riesgo alrededor de 300 puestos de trabajo. El reclamo del organismo se suma a las reivindicaciones por el presupuesto para Ciencia y Tecnología, que fue llevado a la cámara de diputados.
La reestructuración del presupuesto con importantes restricciones en áreas claves del sector público como el INTA y el SENASA pone en debate una vez más el rol del Estado en lo que refiere a sus funciones de control, fiscalización, investigaciones y desarrollo de políticas públicas.
