La diputada bonaerense Soledad Martínez integrante de las filas del PRO asegura que "es un derecho básico de los consumidores saber con qué se están alimentando y cuan seguro es lo que comen". Una afirmación a la que nadie podría oponerse.
Por eso, la legisladora presentó un proyecto de ley para que sea obligatorio que los alimentos que se venden al consumidor estén claramente identificados en caso de contener Organismos Genéticamente Modificados (OGM) mediante una etiqueta.
En su proyecto la diputada plantea que "todos los productos alimenticios" que sean o contengan ingredientes y/o compuestos derivados de OGM o Transgénicos deberán estar identificados, mediante el etiquetado, con una leyenda perfectamente visible y accesible, con la leyenda: "Alimento elaborado con organismos genéticamente modificados".
A priori es difícil estimar qué porcentaje de alimentos quedaría alcanzado por el marbete aclaratorio. Pero no sería arriesgado suponer que de cada tres bocados que ingieren los argentinos dos muy posiblemente contengan, algo de OGM.
Como fuere, la legisladora PRO no se opone a la producción de OGM ni mucho menos. Lo que busca es empoderar a la ciudadanía con los derechos que la asisten, por eso propone la sanción de una ley de etiquetado obligatorio.
Sus argumentos, ciertamente son muy contundentes. "Para el consumidor, la información contenida en las etiquetas o los rótulos consisten en una herramienta fundamental a la hora de satisfacer el requisito de documentarse acerca de la composición nutricional de los alimentos", asegura Martínez.
El etiquetado no abre juicio de valor acerca del producto en cuestión, sino que es un derecho a la información del consumidor quien en última instancia será el que decida si lo consume o no. Lo importante, fundamenta la legisladora, es que el consumidor tenga esa herramienta que hoy le está vedada.
Martínez aclara que "la biotecnología es una herramienta tecnológica eficiente, con este proyecto pretendemos brindar una información adecuada y veraz a la ciudadanía que día tras día compra y consume, sin saberlo, alimentos producidos o que contienen organismos genéticamente modificados".
En esa línea ya legislaron varios países, los de la Unión Europea, Noruega, Suiza, China (nuestro principal comprador de soja), Australia, Japón, Arabia Saudita "y recientemente Brasil", remarca la diputada, uno de los principales productores de soja del mundo junto con Argentina.
Lejos de pelearse con los OGM, la legisladora considera que es "necesario adecuar nuestras instituciones y prácticas agrícolas y comerciales de modo de no perder ventajas competitivas y poder satisfacer las exigencias de un mercado mundial cada vez es más exigente en materia de calidad alimentaria".
