La organización inició esa campaña para alertar sobre las inundaciones, uno de los principales impactos de la deforestación, y para exigir la sanción de una ley nacional de delitos forestales que penalice el desmonte ilegal y los incendios intencionales.
La organización inició esa campaña para alertar sobre las inundaciones, uno de los principales impactos de la deforestación, y para exigir la sanción de una ley nacional de delitos forestales que penalice el desmonte ilegal y los incendios intencionales.
DEFORESTACIÓN
"Los bosques funcionan como una esponja natural; diferentes estudios científicos vinculan las inundaciones de los últimos años en Argentina con la deforestación. Hoy estamos presentando un spot televisivo, protagonizado por Peter Lanzani, que habla de uno de los principales impactos del desmonte ilegal: las inundaciones", dijo a Télam Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
La magnitud de las inundaciones en Tartagal en 2009, en Córdoba a principios de 2015 o en Entre Ríos en abril último son algunas de las vinculadas al desmonte ilegal, mencionó Giardini.
"A ocho años de la Ley de Bosques, que fue sancionada en 2007 y está en plena vigencia, se desmontaron ilegalmente más de 600.000 hectáreas, esto es 30 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires", alertó el ambientalista.
Giardini recordó también que a fines de 2015, la FAO -organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-, publicó un informe que incluía a Argentina entre los diez países "que más destruyen bosques a nivel mundial. En los últimos 25 años se desmontaron 7,6 millones de hectáreas, lo que equivale al territorio de la provincia de Entre Ríos".
"En provincias del norte argentino como Salta, Santiago de Estero, Formosa y Chaco, se desmonta principalmente por el avance de la soja y la ganadería, mientras que en Córdoba y la Patagonia se debe principalmente al avance de proyectos inmobiliarios", agregó.
Con la sanción de la ley en 2007, todas las provincias debieron realizar un ordenamiento territorial de sus bosques nativos; como resultado, se determinó que en el 79 por ciento de los bosques argentinos, está prohibido el desmonte.
Sin embargo, Greenpeace denuncia que se sigue deforestando ilegalmente "porque las multas son irrisorias y los empresarios las incluyen en sus costos".
"Estamos peleando para que la deforestación ilegal, ya sea por desmonte o incendios intencionales, sea considerada un delito penal, como ocurre en países como Alemania, España, Bolivia y Ecuador, donde hay legislaciones avanzadas en materia de derechos de la naturaleza", continuó Giardini.
Greenpeace impulsa la presentación en el Congreso nacional de un proyecto de ley de delitos forestales, y a través de su sitio web reunió, en una semana, 50.000 firmas.
En 2007 la organización había presentado a los legisladores un millón y medio de firmas para apoyar la sanción de la Ley de Bosques.
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece que el 0,3 por ciento del presupuesto nacional debe ser destinado al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, "con el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan".
Además, determinó que el dos por ciento del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, deben ir a ese fondo.
Sin embargo, Giardini sostuvo que no se cumple "ni siquiera con el mínimo del 0,3 por ciento del presupuesto nacional, que hoy equivale a 5.000 millones de pesos", ya que "el año pasado se asignaron sólo 300 millones".
