AFIP continuará con el reclamo a las cerealeras por u$s 952 M

Axel Kicillof y Guillermo Moreno buscan en diferentes rubros candidatos a adquirir los bonos, promocionado una “inversión” cuasi patriótica y protegida por el Estado para conseguir financiamiento sólido para obras de infraestructura e inversiones de YPF. Moreno y Kicillof tuvieron éxito con la petrolera de los hermanos Bulgheroni, Bridas, que aceptó comprar unos u$s 500 millones (aclarando explícitamente que no se trataba de un blanqueo, sino de dinero declarado). Sin embargo, no tuvieron suerte con el sistema financiero, que rechazó la operación de compra de los BAADE, aclarándole además a Moreno que la alternativa sería hasta legalmente imposible dado que los dólares en cuestión eran de ahorristas que depositaron a plazos divisas que deben tener respaldos líquidos. El BAADE aporta un 2% semestral y vence en 2016, lo que les hubiera provocado a los bancos un descalce importante entre vencimientos de depósitos y pago del título.

El tercer sector apuntado por Moreno-Kicillof fueron las cerealeras. Según la versión del Gobierno, en la reunión del jueves en Economía, Cargill y Bunge & Born se comprometieron a comprar BAADE por u$s 100 millones cada una; y el resto de las cerealeras, 300 millones de dólares (según la participación de cada una en el mercado) para completar un total de u$s 500 millones. Intervendrían también en la operación Molinos, Nidera, Dreyfus, AGD, Vicentin, LDC y Toepfer, entre otras. Sin embargo, las cerealeras aclararon ayer (tal como adelantó este diario) que sin cambios en las regulaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) no podrá haber acuerdo. Las compañías quieren que exista un mercado secundario regulado para que los BAADE puedan ser vendidos.

Las cerealeras, además, pidieron que haya una regulación para que ese aporte de divisas pueda ser considerado como un mecanismo de prefinanciación de exportaciones, al no ser considerado una compra vía “blanqueo” de divisas, lo que requeriría, como mínimo, una nueva regulación del bono y hasta una nueva y eventual ley del Congreso.

Pero donde la operación ingresa en un claroscuro técnico es en la posibilidad de que a cambio de esta compra de BAADE, la AFIP deje de lado la embestida contra las cerealeras exportadoras que el organismo recaudador mantiene desde hace más de dos años, cuando los privados recurrieron a los tribunales tributarios por diferencias en el Registro de Operadores de Soja Autorizados (ROSA). Según esta regulación, para poder ingresar en ese registro, la AFIP tendría en cuenta que las sojeras estén o no en deuda tributaria con el sector público según la aplicación de la Ley 26.351, conocida como Martínez Raymonda. Esta normativa había rectificado los pagos hechos sobre la base de una nueva situación que no estaba contemplada cuando se efectuó el pago: tiene efecto retroactivo y afecta derechos adquiridos a la luz del régimen vigente cuando se pagó. Data de cuando los derechos de exportación pasaron del 27% al 35%.

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, invitó a desistir de acciones ante el tribunal fiscal por este tema, lo que los privados no hicieron, con lo cual desde el organismo recaudador continuó el reclamo, que hoy supera los u$s 952 millones. De hecho, hace un tiempo la AFIP comenzó a recibir pagos por este reclamo. El primero fue el de la cerealera Topfer, que liquidó al fisco unos u$s 32 millones correspondientes al capital e intereses por el pago fuera de término a la Aduana. Pero aún permanecen, para la AFIP, en situación de endeudamiento Cargill, Molinos Río de la Plata, LDC, Nidera, Bunge, Vicentin, ACA, Oleaginosa Moreno, Compañía Argentina de Granos y Noble Argentina. Todas estas compañías mantienen contra la AFIP una presentación judicial, con lo cual sería en esa instancia donde se resolvería la cuestión sobre si la deuda de casi u$s 1.000 millones es pasible de ser reclamada por el Estado nacional o no. Desde el organismo recaudador aseguraban este fin de semana que es imposible retirar el reclamo a las cerealeras sólo por la operación de compra de BAADE, ya que es un reclamo ya avanzado ante la Justicia y que generaría una ilegalidad en el caso de ser retirado de los tribunales.