Política y Economía

El Sinavimo, una herramienta fundamental para monitorear y prevenir plagas ausentes en nuestro país

El Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria (Sinavimo) consolida y analiza toda la información disponible sobre las plagas que afectan a los vegetales en el país y la da a conocer a través de su plataforma oficial.

 Entre enero y septiembre de este año, la Argentina exportó 61.877.560 toneladas de productos de origen vegetal con la certificación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), a 40 destinos en todo el mundo.

Los tres productos más exportados en cuanto a volumen en toneladas fueron grano de maíz, harina de soja y grano de trigo, mientras que los principales mercados fueron Vietnam, China y Brasil. Estas exportaciones son acompañadas por la certificación del Senasa, que avala la sanidad de los productos, es decir, que están libres de plagas y enfermedades vegetales.

La certificación fitosanitaria es un requisito de los países compradores, en el marco de las diferentes medidas que aplican para garantizar la sanidad de la mercadería comercializada, ya que puede significar un riesgo de introducción o dispersión de plagas y afectar al patrimonio fitosanitario y productivo local.

Pero no solo el comercio representa un riesgo de ingreso de plagas. También lo es la introducción de productos vegetales sin autorización, el movimiento de buques y maquinarias o la presencia de una determinada plaga en un país vecino, por citar algunos ejemplos.

Por eso, para cada país es necesario contar con un organismo oficial y federal que se encargue de abordar la sanidad e inocuidad de la producción vegetal. En Argentina, esta función es ejercida por el Senasa, a través de su Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria (Sinavimo), que consolida y analiza toda la información disponible sobre las plagas que afectan a los vegetales en el país y la da a conocer a través de su plataforma oficial.

El Sistema cuenta con el sustento científico y técnico brindado por su red de expertos, formada por especialistas en distintos campos de la protección vegetal, tanto del ámbito público como privado, y contribuye a los principios de transparencia y cooperación internacional en la materia.

La vigilancia fitosanitaria resulta imprescindible para conocer rápidamente la detección de nuevas plagas con el fin de definir estrategias de acción necesarias y mantener actualizado el estatus fitosanitario del país.

Además, estas acciones contribuyen a sostener los mercados de exportación, así como abrir nuevos destinos, dado que respaldan el análisis de riesgo de plagas y avalan las certificaciones fitosanitarias que garantizan que nuestros productos cumplen con los requisitos establecidos por la comunidad internacional.

La vigilancia fitosanitaria de nuevas plagas apunta a prevenir cualquier especie, raza o biotipo -ya sea de hongo, bacteria, virus, viroide, animal (nematodo, insecto, arácnido, etc.)- o vegetal (malezas de cualquier orden) nocivo para los vegetales y cuya presencia se detecta por primera vez en el país, en un área determinada de Argentina o en un nuevo cultivo.

De acuerdo a la Resolución Senasa 778/2004 todo organismo de investigación, privado u oficial, vinculado al área fitosanitaria en el territorio argentino, debe colaborar con el Sinavimo avisándole la detección o caracterización de nuevas plagas de vegetales (tanto cuarentenarias como no cuarentenarias) a través del formulario de comunicación de primeras detecciones y antes de divulgar el hallazgo por cualquier medio.

Más allá de la normativa también deben avisar por el mismo medio sobre cualquier situación fitosanitaria inusual que detecten las personas que no se dedican al campo de la investigación (productores, viveristas, público en general, etc.).

En síntesis, la comunicación de sospechas o detecciones redunda en beneficios para el sector productor y exportador. El aviso a tiempo hace que el Senasa implemente medidas rápidamente, mantenga actualizado el estatus fitosanitario del país y de cumplimiento a los compromisos internacionales que rigen el comercio de productos agrícolas.