Australia respalda a Brasil en la solicitud de aplazar las normas de deforestación impuestas por la UE

Australia ha unido fuerzas con Brasil en un intento por retrasar la implementación de la nueva normativa de la Unión Europea (UE) sobre deforestación. Esta regulación, diseñada para limitar la entrada de productos relacionados con la destrucción de bosques, podría tener serias repercusiones económicas para las exportaciones agrícolas y ganaderas de ambos países. La solicitud busca ganar tiempo para ajustar las prácticas locales a las exigencias europeas y evitar sanciones o bloqueos comerciales que afecten mercados claves.

Brasil fue el primero en solicitar formalmente a la UE una prórroga, argumentando que la ley, tal como está redactada, podría perjudicar gravemente sus exportaciones de productos agrícolas, en especial de soja y carne, dos de sus principales rubros comerciales con Europa. Ahora, el apoyo de Australia refuerza esta petición, dándole un carácter más global a la demanda de revisión.

Australia se alinea con Brasil: presiones políticas y económicas

En Australia, la preocupación sobre los efectos de la normativa ha tomado protagonismo en el debate político. Los dos principales partidos del país han solicitado formalmente que la UE demore la aplicación de las reglas hasta que se pueda obtener mayor claridad sobre cómo se implementarán y qué impacto tendrán sobre las exportaciones de productos ganaderos, especialmente la carne vacuna.

El Senado australiano aprobó recientemente una moción que subraya la importancia de revisar estas regulaciones. El senador Matt Canavan, una de las voces más críticas, cuestionó las definiciones adoptadas por la UE respecto a lo que constituye "bosque". Según Canavan, un 44% del territorio que la UE considera forestal en Australia es en realidad tierra de pastoreo, lo que genera confusión y, potencialmente, obstáculos para los productores locales.

Impacto en la industria ganadera y otros sectores

La normativa de la UE sobre deforestación tiene como objetivo limitar la importación de productos que provengan de tierras que hayan sido deforestadas después de 2020. Esto incluye productos como soja, aceite de palma, cacao, madera y carne, sectores cruciales para las economías de países como Brasil y Australia. Las empresas exportadoras deberán demostrar que sus productos no están vinculados a la destrucción de bosques, lo que implicará un proceso de certificación más riguroso.

En Australia, la industria de la carne vacuna teme que los cambios en los requisitos de trazabilidad afecten negativamente sus exportaciones. Actualmente, la trazabilidad se aplica solo en los últimos 90 días antes del embarque, pero la UE exige que esta rastreabilidad cubra todo el ciclo de vida del animal, lo que complicaría los procedimientos para los ganaderos australianos.

Mientras tanto, Cattle Australia, la principal organización ganadera del país, está desarrollando un "compromiso de gestión de tierras" que busca aclarar la distinción entre tierras agrícolas y áreas forestales. Este documento pretende garantizar que los productores puedan cumplir con las exigencias europeas sin poner en riesgo sus negocios.

Brasil y el desafío europeo

Para Brasil, el desafío es aún mayor. La ley podría afectar hasta un tercio de las exportaciones brasileñas hacia Europa, uno de sus principales mercados. En la industria cárnica, se estima que un 10% de las 77 mil toneladas de carne exportadas anualmente podrían verse comprometidas, además de otros productos como la soja, que representa una parte significativa de los ingresos del país.

El gobierno brasileño ha advertido que sin ajustes, la normativa podría impactar no solo en la economía sino también en los medios de vida de los productores rurales. Brasil está llevando a cabo intensas negociaciones diplomáticas con la UE para lograr un enfoque más equilibrado que considere la realidad de las economías en desarrollo, donde la agricultura es una de las principales fuentes de empleo y crecimiento.

Un tema global

La postura de Brasil y Australia refleja una preocupación compartida por varios países productores sobre el equilibrio entre la protección ambiental y el comercio internacional. Aunque la normativa de la UE busca combatir la deforestación global, las economías agrícolas temen que la falta de flexibilidad y la imposición de estándares europeos sin adaptaciones locales pueda generar barreras comerciales y perjudicar a los pequeños y medianos productores.

La respuesta de la UE a estas solicitudes de aplazamiento será clave para definir el futuro de las relaciones comerciales entre el bloque europeo y las naciones productoras. Mientras tanto, Australia y Brasil continúan alineándose en su estrategia diplomática, buscando proteger sus economías y mitigar los impactos de una legislación que, aunque necesaria para combatir la crisis climática, genera tensiones entre los objetivos ambientales y las necesidades económicas.