El Gobierno intervino el organismo de regulación y control del cannabis medicinal
A través de la Decreto 833/2024 se designó a un interventor con amplias facultades. Según se detalla "la realidad actual evidencia una falta de personal, una inadecuada operatividad, falta de emisión de licencias y autorizaciones habilitantes".
El Gobierno decretó la intervención de la Agencia Reguladora de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
Según se detalla en la resolución "la realidad actual evidencia una falta de personal, una inadecuada operatividad, falta de emisión de licencias y autorizaciones habilitantes"
De esta manera, a través de la Decreto 833/2024 se designó a un interventor con amplias facultades.
Entre sus atribuciones tendrá a su cargo:
Confeccionar y elevar al Titular de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA un informe sustanciado del estado de situación de Agencia Regulatoria.
- Administrar los recursos humanos de la mencionada Agencia Regulatoria.
-Revisar y disponer todas las acciones tendientes a la regularización y reordenamiento de programas y proyectos gestionados con financiamiento externo.-
-. Evaluar e informar al Titular de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA la existencia y cumplimiento de aquellas observaciones y recomendaciones que se hubieran efectuado en el marco de las auditorías realizadas y sobre las acciones de regularización y/o correctivas que se hubieran tomado.
- Modificar la estructura orgánica y funcional, los organigramas correspondientes y los Regímenes Profesionales del Personal contratado y funcionarios de gabinete y/o aprobar una nueva.
- Presentar la rendición de cuentas en caso de corresponder.
- Otorgar, controlar y efectuar el seguimiento de las licencias y/o autorizaciones, así como lo relativo al cumplimiento de los recaudos exigidos para las autorizaciones administrativas otorgadas de acuerdo con lo dispuesto en la respectiva reglamentación, de manera coordinada y articulada con las restantes autoridades públicas de control con competencia en la materia, y en especial con la debida coordinación con las fuerzas de seguridad, de corresponder.
Plazo de intervención: la intervención tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga.