Cierran una causa que involucraba a dirigentes agropecuarios por la 125
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa expresa su satisfacción por el sobreseimiento de los dirigentes ruralistas confederados implicados en la causa iniciada en el contexto de la protesta relacionada con la Resolución 125/2008.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa ( CARBAP) expresa su satisfacción por el sobreseimiento de los dirigentes ruralistas confederados implicados en la causa iniciada en el contexto de la protesta relacionada con la Resolución 125/2008.
Así luego de 16 años se dio a conocer la resolución judicial que libera de culpa y cargo al ex presidente de CARBAP y CRA Mario Rafael Llambias, a los dirigentes de las Sociedades Rurales de San Pedro y Baradero, Raúl Placido Victores y Rene Horacio Ducret.
Además fueron sobreseídos otros dirigentes y políticos como Mario Leandro Barbieri, Hugo Luis Biolcati, Luciano Miguens, Margarita Stolbizer, Fernando Alberto Gioino y Eduardo Oscar Buzzi entre otros
"A lo largo de estos 16 años, las defensas de los imputados cuestionaron la falta de pruebas concretas y argumentaron que las acciones de los acusados se enmarcaban dentro del derecho a la libre expresión y a la protesta pacífica", indica el comunicado de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
Así fue que, debido al prolongado tiempo transcurrido y a la falta de pruebas contundentes, se resolvió la imposibilidad de continuar con la acción penal y se consideró que fueron socavados los derechos de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable, tal como lo establecen la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
" Esta medida pone punto final a un caso que nos tocó de cerca como institución, como productores y como ciudadanos", expresa el comunicado.
La resolución 125 fue un anuncio que Martín Lousteau, como ministro de Economía, hizo el 11 de marzo de 2008. A tres meses de iniciada la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el anuncio impositivo elevaba la alícuota de retenciones al sector agropecuario y marcaba el inicio de un conflicto que se extendería por cuatro meses y quedaría en la historia política y económica del país.