Mucho más que un impuesto a los fitosanitarios

Existe una propuesta oficial dando vueltas por el Congreso de la Nación que intenta potenciar esquemas de producción que se sabe tendrán consecuencias negativas para la generación de alimentos, al tiempo que incrementaría el gasto cuando justamente hay que ir en sentido contrario.

Uno de las grandes complicaciones que enfrenta la Argentina tiene que ver con las características de varios de sus funcionarios y legisladores. Desconocen qué implica mantener una empresa, cómo se llega en la práctica a la producción de un determinado bien o servicio, cuales son las consecuencias de poner palos en las ruedas de este tipo de actividades. Toman decisiones en función de teorizaciones y desde un escritorio alejado de los avatares de la vida real.

Desde luego este escenario es campo fértil para que además la ideología termine por enturbiar cada decisión, que en general significa menos ingresos para el país y menos trabajo para todos.

Pero además, les encanta crear comisiones y estructurar fondos y fideicomisos. Cuanto más complicado, cuanta más gente involucrada, cuanto más papelerío y disposiciones, mejor.

La última novedad en la materia es que detrás de una supuesta intención de promover la agroecología ("de interés público, nacional y estratégico"), se impulsa la creación de un impuesto a los fitosanitarios y fertilizantes no orgánicos, lo cual desde luego incrementaría los costos de producción del productor argentino. Según afirma la propuesta, "busca reducir la dependencia de los insumos externos, eliminando los insumos de síntesis química, y aumentar la autosuficiencia del agroecosistema". El proyecto ya ingresó a la Cámara Alta, y lo alarmante no es solo pagar un nuevo tributo, sino la amplia trama de intervencionismo velado sobre la forma en que se produce en nuestro país, sin basamento técnico alguno.

El llamado Fondo Nacional de Promoción de la Agroecología apunta a "promover los procesos de transición de las producciones hacia sistemas agroecológicos". Para sostenerlo, se establece entre otras cosas una alícuota para los fitosanitarios y fertilizantes no orgánicos. La misma sería fijada por el Ejecutivo de manera progresiva de acuerdo con su clasificación por nivel de toxicidad y no podrá ser menor al 10 % del valor del producto. Es más, se duplicará para los productos importados.

Mezclado con la soberanía alimentaria y el cuidado del ambiente, una y otra vez la ley hace referencia a "sistemas de producción agroecológicos", que caracteriza como aquellos sin la utilización de fertilizantes industriales ni agroquímicos.

Y en el medio le asigna "un rol central en la producción agroecológica a la agricultura familiar, indígena y campesina", más la importancia de integrarse a sistemas alimentarios basados en la cultura, la identidad, la tradición, la equidad social y de género, etc., etc. etc. El texto de la ley es extenso y en alguna medida confuso. Una ensalada importante, en la cual ni un mago lograría cumplir con todos los requisitos que se exigen.

Se propone además la creación del Registro de Productores Agroecológicos, una especie de certificación de que se está dentro del sistema, y una Base de Productores en Transición a Sistemas de Producción Agroecológicos, más el Consejo Nacional de Garantía Participativa, conformado por miembros de al menos 9 sectores, entre ellos representantes de los movimientos sociales y políticos que promueven la agroecología. Habrá además un Programa de Promoción de la Agroecología.

Como comprenderá, es un problema mucho más grande que afrontar una mayor carga tributaria o una suba de costos, de por sí cuestionable. Tiene que ver con que la decisión de cómo producir, que quizás con el tiempo no será enteramente suya al paso que vamos. E impacta especialmente la referencia respecto de ir hacia "un sistema sin el uso de productos de síntesis química que brinde alimentos abundantes y sanos". Agronómicamente es una contradicción muy peligrosa. Se sabe que uno de los primeros parámetros afectados por la eliminación de los agroquímicos es el rendimiento, que se desploma al menos un 40%. No es posible hoy por hoy generar alimentos para todos sin el concurso de los productos de síntesis química. Se trabaja para reducir su uso, pero es utópico prescindir de ellos a partir de mañana mismo.

Sri Lanka lo intentó hace poco tiempo y están frescas las imágenes de una multitud invadiendo el Palacio presidencial. El precio del pan se triplicó, y el del arroz se multiplicó por dos en pocos meses. "Gran parte de la indignación de los manifestantes estaba relacionada con el ambicioso -pero profundamente defectuoso- plan del mandatario para modificar la forma de cultivar en el país. La prohibición del uso de fertilizantes químicos apuntando a ir hacia un sistema exclusivamente orgánico creó una fenomenal crisis alimentaria", explicaba entonces la BBC.

El nuevo impuesto es criticable, pero la intención subyacente de modificar la forma de cultivo en el país es directamente alarmante. Temas como estos deben estar en manos de profesionales de la Agronomía, acompañados de ambientalistas. Especialistas como los que tiene Aapresid o Aacrea, de un enorme expertise. La decisión debe ser técnica, no ideológica. Es de esperar que este proyecto encuentre amplio rechazo en Diputados, a menos que se quiera comprometer el futuro de la agricultura en la Argentina.