"No se trata de seguir haciendo leyes, sino de cumplir las que existen"

La Federación Agraria Argentina se refirió  al próximo tratamiento de diversos proyectos vinculados a la protección de humedales en el Congreso de la Nación. "No hay dudas de que hay que dar una solución ante los incendios y otras cuestiones vinculadas con la protección de los humedales, sin embargo como entidad estamos convencidos de que no se trata de dictar nuevas leyes ni de hacer un uso oportunista o político de este tema. Los humedales son un recurso fundamental no sólo a nivel ambiental, sino también socio económico, cultural y productivo, por lo que cuando se legisla sobre el tema hay que considerar esa complejidad, para no tomar una medida que sólo persiga un posicionamiento político pero que tenga consecuencias inadecuadas para dichos ecosistemas y de las comunidades que los habitan", señalaron desde la entidad.

Y agregaron: "Al momento, en lo inherente al manejo de fuego y protección del ambiente, hay diversas leyes, vigentes y adecuadas, como la 25675 (general de ambiente), 25335 (ratificación del convenio RAMSAR), 25688 (gestión ambiental de aguas), 26815 (manejo del fuego) y 26652 (quemas controladas). El problema más grave que tenemos como país es que el estado no cumple adecuadamente sus obligaciones de contralor y aplicación fehaciente de esas normas. Avanzar hacia una contaminación normativa, resultante de apuros políticos y no de un abordaje serio e integral de estos ecosistemas, no es una buena alternativa, pues en lugar de solucionar problemas crearán otros".

Al respecto, desde FAA destacaron la importancia de que el Estado Nacional y los estados provinciales avancen en la fehaciente aplicación y observación de esas normas, así como también que se termine con los abordajes facilistas que buscan demonizar a los productores agropecuarios.

"Estamos hablando de alrededor de un 20% del territorio de nuestro país, que es lo que entra en la denominación de humedales. El impacto de nuevas legislaciones será crucial para todo nuestro país, por lo que los debates o posibles nuevas normas deben darse con total seriedad y comprendiendo el impacto real, a nivel de impacto ambiental, pero también socio económico, cultural y social, es decir debe ir mucho más allá de las declaraciones rimbombantes de políticos oportunistas o de quienes crean fantasmas para tapar la ineptitud del Estado", concluyeron.