En el campo, el Gobierno sólo cosecha críticas

 La Sociedad Rural Argentina reiteró que los derechos de exportación son instrumentos distorsivos que desalientan la producción, la inversión, el empleo y el comercio exterior, como quedó demostrado en varias oportunidades a lo largo de la historia.

"Creemos que deberían existir herramientas superadoras para lograr la generación de recursos fiscales, que incluyan a todos los sectores económicos. El impulso a la producción es la solución que la Argentina necesita en el contexto de la emergencia cambiaria que arrastramos desde hace meses", informó la SRA en un comunicado.

"Si bien en esta oportunidad también se solicitó un esfuerzo compartido con otros sectores exportadores, insistimos en que la contribución mayor debe hacerse desde el lado de la reducción del gasto público improductivo, sin dejar de atender las necesidades de los sectores sociales más vulnerables", precisaron los ruralistas.

"Desde la SRA nos hacemos eco del mensaje del Presidente que nos convoca a todos los argentinos a trabajar juntos para sacar al país definitivamente de la crisis y terminar con la corrupción. El campo continuará una vez más, colaborando con toda iniciativa que apunte a proyectar a nuestra Nación definitivamente en el sendero del desarrollo", remarcaron.

Por su lado, el ministro de Producción, ahora también cabeza de Agroindustria y Trabajo, Dante Sica, tendrá, en el nuevo organigrama bajo su responsabilidad la relación con el campo y la industria, sectores cruzados por la retenciones y el nuevo impuesto a la exportaciones. "Nadie puede ser ganador cuando hay que poner retenciones para poder llegar el equilibrio fiscal. Tener que recurrir a esta medida es casi una derrota, pero la necesitamos para poder darle fortaleza a la macro", señaló ayer el contador de 60 años, luego de un día "muy movido", como él mismo lo definió. "Es una medida que no queríamos tomar. Pero la tenemos que llevar adelante por la necesidad de lograr el equilibrio fiscal. Se nos cerró la posibilidad de seguir financiado el déficit fiscal y eso nos obliga a hacer una consolidación fiscal más rápida de lo que teníamos pensado".

Por su lado, el titular de Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria), Carlos Iannizzotto, recordó que a principios de julio, "el jefe de Gabinete (Marcos Peña) nos dijo que se iba a atacar el déficit a través del recorte de los gastos, no con más impuestos. El pedido de esfuerzo debió ser consultado y consensuado", se quejó. "Cambiar las reglas de juego a sectores productivos que iniciaron una siembra de trigo de la magnitud que tendrá esta campaña, es una mala señal", afirmó.

Otro impacto a la producción

Los reintegros a las exportaciones venían inquietando a una de las principales actividades de Tucumán: la citricultura. De hecho, los productores venían haciendo gestiones ante las autoridades nacionales para recuperar parte de la rentabilidad perdida por la falta de reintegros y que implicaba una cifra millonaria. "No está claro aún acerca de cuál será el impacto; los últimos anuncios nos agarra en una situación complicada; pero sin dudas que incidirán negativamente", indicó ayer a LA GACETA un referente del sector. Esta situación fue reconocida también por el gobernador, Juan Manzur, que ayer supervisó la carga de 12 camiones con 250 toneladas de limones tucumanos que partirán por tierra desde el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo hacia Chile, para luego ser embarcados hacia Canadá y Hong Kong. "Esto es consolidar en origen, asegurar la exportación y generar más trabajo en la provincia", manifestó el titular del Poder Ejecutivo.

Frutilla y arándanos: la pérdida de competitividad

El nuevo impuesto a las exportaciones le quitará competitividad a actividades como la frutilla, el arándano o la palta, reconoció ayer a LA GACETA el ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández. "Y esto está más que claro ya que esos sectores pasarán de contar con reintegros a las exportaciones a tener retenciones", remarcó. En el caso de los arándanos, las exportaciones están próximas. Por las heladas registradas en los últimos días, los vuelos con los cargamentos de esa producción pueden llegar a efectuarse dentro de dos semanas, de acuerdo con los cálculos oficiales. "La diferencia entre las medidas adoptadas por la actual gestión de gobierno nacional y las que existían en la anterior administración son claras: antes, las retenciones iban a ser redistribuidas en riquezas, mientras que ahora se las destinará para pagar deuda externa o a los acreedores foráneos", comparó el ministro de Desarrollo Productivo. En la Casa de Gobierno harán evaluaciones sector por sector para estimar el impacto que pueden tener las medidas anunciadas ayer por el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne en las principales producciones locales.

Subsidios al transporte: un costo de $ 160 millones mensuales

Uno de los grandes problemas que se vislumbra a la provincia es el traspaso de la Nación de los subsidios que se otorgan para sostener el valor del boleto del transporte. Sin esa inyección dineraria, el boleto debería costar, como mínimo, $ 35 según declaró Jorge Berreta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat). Sucede que las empresas de transporte público de Tucumán gozan hasta ahora de un aporte anual $ 1.740 millones (el 1,7% del total que se distribuye en los 24 distritos de la Argentina). En el Ministerio de Economía de la provincia hicieron la cuenta y consideran que un subsidio de tal naturaleza puede llegar a significarle no menos de $ 160 millones mensuales. En ese aspecto, consideran que el Ejecutivo no está en condiciones de brindar esa ayuda, aunque reconocen que los usuarios no resistirán un incremento del valor del pasaje como el calculado por los empresarios de la actividad. En suma, las provincia se enfrenta a otro dilema financiero para 2019.

Obras públicas: un financiamiento federal casi nulo

La eliminación del Fondo Federal Solidario o Fondo Soja implicó que Tucumán, por caso, dejara de recibir unos $ 550 millones para lo que resta de este año y otros $ 1.250 millones para el año que viene. Con esas partidas se financiaban pequeñas obras en los municipios y en las comunas del interior que, a su vez, generaban empleo local. Si bien los gobernadores insistirán ante la Nación para que, al menos, se otorgue una compensación, el plan de trabajos públicos se verá resentido durante el año electoral. De hecho, el Ministerio de Hacienda de la Nación ha proyectado para 2019 un recorte a la mitad del Gasto de Capital, como uno de los mecanismos para producir un ahorro forzoso real. Las restricciones presupuestarias en la provincia llevarán inexorablemente a que el plan de trabajos públicos se resientan a lo largo del año electoral. Del total de gastos de la provincia, alrededor del 60% es destinado al pago de los salarios estatales.

Electricidad: la tarifa social

En el programa de medidas anunciado por el Gobierno nacional con el fin de equilibrar las finanzas federales también se incluyó el traspaso de la tarifa social eléctrica a las provincias. Si bien en Tucumán no se hicieron aún cálculos acerca de cuánto significará el mantenimiento de ese beneficio, los funcionarios observan que el costo puede ser superlativo. Se toma en cuenta que el 37% del padrón de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET) goza de la tarifa social. Se trata de unos 163.500 clientes residenciales.

Estatales: no habrá ajustes en el plantel del Estado

Entre las medidas nacionales se estableció un congelamiento del ingreso del personal al sector público, además de que los aumentos en las remuneraciones se efectúen de acuerdo con la evolución inflacionaria. En la Casa de Gobierno afirmaron que no se prevé achicar el plantel estatal, actualmente supera los 100.000 puestos incluyendo municipios y comunas rurales, como tampoco reducir los salarios de la actividad. Mensualmente, el Ejecutivo destina unos $ 3.500 millones al pago de salarios.