Europa nos perjudica con otra vuelta de tuerca a la agroenergía

 Los principales órganos del poder europeo acordaron reducir de 7% a 3,5%, hacia 2030, el uso de la agroenergía de primera generación, que es la que se produce con materias primas de uso múltiple, como el maíz y la soja, las que bien pueden emplearse para hacer alimentos o combustibles renovables como el etanol y el biodiésel. De aprobarse tal como salió del horno, la decisión afectará con mayor dureza las exportaciones de etanol y biodiésel que abastecen Argentina, Estados Unidos, Canadá, Indonesia y Brasil, las que se destinan al transporte regional del Viejo Continente.

Desde hace unos siete años vengo destacando que la industria de los biocombustibles de primera generación, la variante de agroenergía desarrollada con materias primas de uso múltiple, era objeto de un persistente, severo y mesiánico ataque global fundado en los intereses defensivos o internos de nuestros principales compradores del Hemisferio Norte y sus tropas de asalto (productores agrícolas con alto subsidio, procesadores locales de energías renovables y las fervorosas ONG cultoras de la religión verde y el proteccionismo agrícola como Greenpeace).

En su momento debí tolerar las enjundiosas e infundadas críticas de mis amigos expertos en política agrícola, pero de escasa o nula versación en política comercial, que aseguraban, con lógica criolla y mala información universal, que en cualquier momento llegaría la caballería y se reabrirían los mercados de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, que ellos necesitaban el producto y que se acabarían los subsidios a los commodities agrícolas, al tiempo que crecerían las demandas alternativas para dicho sector y éstas se volcarían irremediablemente a comprar los biocombustibles importados en volúmenes que harían del negocio agroenergético del país, algo comercialmente viable y de brillante futuro. Sigo esperando que todo eso suceda y de conocer el secreto que nadie parece saber. Pero mientras continuamos la vigilia de armas ante tan milagroso destape, uno se obstina en aportar más hechos.

Aunque mis fuentes están más cercanas a la boca del caballo, tomaré como referencia el informe del boletín de divulgación Bridges Weekly (un texto de habitual circulación en los think-tanks que edita en Ginebra el Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible) del pasado jueves 21 de junio.

Su primera nota señala que los negociadores de la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo se pusieron de acuerdo en tres cosas muy vinculadas entre sí. Dieron luz verde al paquete de "Energía Limpia" propuesto por la Comisión en materia energía renovable en noviembre de 2016 (ahí cae la ficha de los biocombustibles, especialmente los destinados al transporte), eficiencia energética y la gobernabilidad (no me gusta gobernanza) de la unión energética. Esa artillería se integra por ocho propuestas e incluye las medidas orientadas a cumplir los compromisos sobre cambio climático previstos para 2030. En ese ámbito, la UE se comprometió a reducir en 40%, sobre los niveles alcanzados en 1990, las emisiones de gas de efecto invernadero. Tras esa fumata blanca regional, Europa intentaría cubrir con energías renovables el 32% de su demanda energética, 5% más que en la versión original. Las propuestas indican que el 14% del consumo energético del transporte deberá provenir de esa clase de fuentes (las renovables), pero apelando al uso de materias primas que no compitan con el equilibrio alimentario de la población mundial.

Al adoptar esa decisión, Bruselas dejará definitivamente de a pie, en 2030, a los biocombustibles alimentados con aceite de palma, cuyos principales proveedores son Indonesia y Malasia, una polémica legal y económica que lleva varios lustros de debate en la OMC. El fundamento de la medida es que la extensión de la frontera agropecuaria para producir esa variedad de aceite se hizo al costo de recortar una vasta región de selvas tropicales (una especie de Amazonas asiática), entre cuyas virtudes estaba el absorber una voluminosa masa de emisiones de carbono.

El problema es que el criterio de Bruselas, basado en los cálculos del cambio del Cambio Indirecto del Uso de la Tierra (conocido por la sigla inglesa ILUC) no es una regla ni un concepto adoptado formalmente por la comunidad internacional, con lo que Europa parece dispuesta a caer en la extraterritorial aplicación de sus propias leyes y reglas, una tradición bastante educada pero usual, a lo Donald Trump, de las autoridades del Viejo Continente.

En los tratados internacionales Bruselas tiende a llamar a este, que ellos consideran un derecho propio, como el principio de soberanía legislativa, el que contradice al Acuerdo de Marrakech, por el que se estableció la OMC. Es una lástima que los negociadores del Mercosur no hayan entendido el significado y las opciones que presentan estos hechos y debates al discutir el acuerdo birregional con la UE.

Pero lo que afecta directamente a la Argentina y otros proveedores que explotan el negocio del etanol y el biodiésel, es que la meta mínima de uso de los biocombustibles de base agrícola en el transporte (o sea el etanol de maíz), pasaría del máximo del 7% establecido para el 2020 al antedicho 3,5% en el 2030. Esa meta podría ajustarse un poco en la negociación final a nivel de ministros, pero no para complacer a los proveedores extranjeros, sino como fruto de lo que pase en las discusiones orientadas a calmar los nervios de los grupos de interés de la propia UE.

Y una vez aprobado por los tres resortes del poder europeo, no habrá llamadito o visita presidencial que arregle semejante estofado.

Por si alguien retuviera dudas de que las cosas van en esa dirección, el comisionado sobre cambio climático de la EU, Miguel Arias Cañete, dijo, con toda claridad, que estos objetivos se encaminan a dar un "empujón mayor a la independencia energética de la unión (no de los socios extranjeros que desean reinsertarse en el mundo), lo que será un fuerte estímulo a la competitividad industrial, la creación de fuentes de trabajo, la rebaja de las tarifas energéticas, la mejora la calidad de vida y la paralela reducción de la pobreza.

Hay quien afirma que esta declaración enfureció a Juan José Aranguren, quien alegó que Arias Cañete no entiende nada de tarifas energéticas susceptibles de ser pacíficamente absorbidas por el conjunto social.

Jorge Riaboi Diplomático y periodista.