Más agresiones al campo

El permanente conflicto del Gobierno con el campo presenta nuevas expresiones y la profundización de las existentes. La preocupación oficial por la menguada afluencia de dólares ha llevado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a obligar a productores y acopiadores de soja a declarar mediante métodos compulsivos sus existencias, con el ulterior propósito de presionar para su exportación y lograr así la deseada alimentación del esquivo mercado de divisas. De no hacerlo, según informa la Federación Agraria, los incumplidores son excluidos del Registro de Operadores, al cual, dice, es virtualmente imposible reingresar. Desde otro ángulo de la producción se contesta que el remanente de la cosecha pasada suma poco más del 3 por ciento, lo cual restaría sentido a un vasto operativo oficial, cuyo propósito sería puramente intimidatorio.

Mientras ello ocurría, el secretario Guillermo Moreno reunía con inusual tono cordial a los exportadores con el propósito de agilizar las ventas al exterior de soja y su harina, mediante lo cual se obtendría el ingreso de 1600 millones de dólares en el corto plazo. Mientras tanto, se verá cómo se movilizará la exportación de soja de la nueva cosecha, cuya recolección se iniciará en la segunda quincena de marzo. En tal caso, será indispensable la participación activa de los productores.

La Federación Agraria, reunida en Villa Constitución, se manifestó firmemente contraria al control de precios que afecta sus productos, mencionando como ejemplo la leche que está en el " freezer " hace más de un año, mientras sus insumos crecen y los consumidores pagan cada vez más en las góndolas minoristas ¿Es ésta la defensa de la mesa de los argentinos que tanto pregona el Gobierno?, pregunta la Federación. Por su parte, la relación de la Comisión de Enlace con el ministro de Agricultura acrecienta el desgaste ministerial ante la decisión del funcionario de recibir a las cuatro entidades por separado, decisión que estaría fundada desde la Casa Rosada en el propósito de interferir en las relaciones internas del grupo. En suma: dividir para reinar.

En el orden judicial, el Poder Ejecutivo pidió que se desapodere a la Sociedad Rural Argentina del predio de Palermo, que le había sido confirmado mediante una medida cautelar dictada por la Cámara Federal Civil y Comercial. Se insiste así en una decisión persecutoria contra una centenaria y prestigiosa institución, que cuenta al respecto con el apoyo de sus pares y de la población que inunda estas instalaciones en oportunidad de las exposiciones rurales y de otros encuentros de interés vital y general.

Se generaliza mientras tanto, la protesta del campo en sus distintas versiones, incluyendo producciones regionales, ante la ola de impuestos nacionales y provinciales, tasas y obligaciones municipales que devoran los ingresos y avivan la ya elevada y creciente inflación. Vaya como sintético ejemplo lo expuesto por una pequeña empresa bonaerense sobre impuestos, tasas y regulaciones que gravan un predio de 10 hectáreas de soja en campo propio. La empresa deberá asumir el 35% del valor de exportación de la soja al tipo de cambio de 5 pesos por dólar oficial. Deberá pagar el impuesto inmobiliario rural, el impuesto a los bienes personales, a las ganancias (si las tiene), impuesto al cheque, distorsión de IVA, carta de porte para transporte, código de trazabilidad, seguro contra granizo, honorario del contador, tasa municipal para conservación de caminos y misceláneas. El ingreso neto por hectárea de nuestro productor resulta de 1092 pesos mientras que el del Gobierno resultó ser de 6935; vale decir que el productor recibe el 13,6% y el Gobierno, el 86,4%. Con tan mínima rentabilidad, la subsistencia de las pequeñas empresas rurales estaría seriamente comprometida y al alcance de quienes decidan hacerse de ellas. El "vamos por todo" podría tornarse realidad apenas quienes gobiernan decidan ponerlo en práctica, para seguir luego con los demás empresarios. Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria, parece haberlo comprendido, uniéndose más sólidamente a la Comisión de Enlace. En tanto, en Pehuajó, más de 2000 productores decidirán en asamblea, a partir de la segunda quincena de marzo, la conducta por seguir, que podría ser la supresión de las ventas de soja y eventualmente otros productos, en señal de protesta por la creciente crisis del campo.

Aislarse del mundo y perseguir a quienes tienen las capacidades de producir más y mejor es un grave error por el que la sociedad ya está pagando un alto precio.