Apoyos y cuestionamientos al grupo que regulará uso de agroquímicos

 Las entidades que integran la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) celebraron que el Gobierno formalizara hoy la creación de un grupo de trabajo interministerial para fijar políticas de regulación del uso de agroquímicos, mientras que ambientalistas manifestaron reparos y llamaron a promover cultivos que no usen pesticidas.

La medida -publicada hoy en el Boletín Oficial y anticipada ayer por los ministros de Agroindustria, Luis Etchevehere, y de Medio Ambiente, Sergio Bergman-, le da un plazo de 90 días al grupo para que elabore los principios para regir las "políticas públicas nacionales de sus respectivas competencias sobre las aplicaciones de fitosanitarios en la agricultura y la alimentación".

También deberá "formular recomendaciones respecto de cómo mejorar la adopción de las buenas prácticas de aplicación" y "los sistemas de control y monitoreo" a esa actividad.

"Celebro que se haya creado, es la primera vez que los ministerios involucrados se sientan con las entidades. Es incumbencia del Estado definir estas cuestiones", dijo a Télam Gabriela Levitus, directora del Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología (Argenbio), integrante de la BPA.

Levitus señaló que la cuestión a resolver son las aplicaciones: "hay que mejorar las prácticas agropecuarias porque, al no existir marcos generales, los productores toman decisiones apresuradas y con falta de fundamento técnico".

El gerente de Agricultura Certificada de la Asociación Argentina de Productores de Siembre Directa (Aapresid), Tomás Mata, se manifestó "expectante" y bregó por que haya "consenso" en el grupo de trabajo.

"Lo que vemos es que el productor necesita un marco para trabajar con ciertas reglas. Hay muchos que hacen las cosas bien, la cuestión es seguir produciendo de manera responsable y sustentable en el tiempo", aseguró Mata.

Sobre los casos de envenamiento por fumigación en lugares donde la gente convive con las plantaciones afirmó que se trata de "malas praxis" y sostuvo que "nadie quiere que se dejen de producir alimentos, pero hay que hacerlo con seguridad y aplicando fitosanitarios correctamente".

En tanto, organizaciones ambientalistas mostraron cautela ante la iniciativa.

"Nosotros nos oponemos a la idea de las buenas prácticas. Todo veneno llega a nuestra comida más allá de que se haga un control sobre las cantidades, las distancias, el viento y el clima", dijo a esta agencia Alejandra Pérez, de la Asamblea Paraná sin Agrotóxicos.

Pérez apuntó que "alrededor de 400 millones de litros de agrotóxicos se usan por año en Argentina, entran en el ambiente y se filtran en las napas", por lo que llamó a "una transición hacia una agricultura orgánica" y aseveró que "la gente demanda cada vez más ese tipo de productos, sobre todo frutas y verduras".

En coincidencia, Manuel Jaramillo, ingeniero forestal y representante de la ONG Vida Silvestre, sostuvo que es necesario "promover prácticas y cultivos que directamente no requieran el uso de compuestos que incluyen venenos".

El dirigente destacó que "es sumamente importante que desde el gobierno se promuevan las buenas practicas ambientales" pero advirtió que "es muy complejo definir condiciones generales por las diferencias climáticas, topográficas y de calidad del lugar en particular".

"Sería interesante que este grupo definiera también el sistema de trazabilidad de la venta de los agroquímicos y la responsabilidad de los profesionales que los administran", planteó Jaramillo.

El grupo de trabajo estará formado por dos representantes de ambos ministerios y otros cuatro provenientes de los organismos descentralizados de Agroindustria, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Las provincias, en tanto, podrán expresar sus opiniones mediante sus representantes ante los consejos federales de Medio Ambiente (Cofema) y Agropecuario (CFA).

Además, se establece que "podrán preverse instancias de participación, con carácter consultivo, de actores relevantes de la sociedad civil con reconocida capacidad técnica" en los temas a debatir.