Solo una de cada diez hectáreas sembradas con algodón utiliza semilla fiscalizada

 La situación del sector algodonero en el país se encuentra inmersa en una crisis que llevó a que la siembra en esta última campaña se redujera a casi la mitad de lo implantado históricamente, mientras que desde la industria semillera denuncian un absoluto descontrol por el uso de semilla ilegal que se vive en el mercado, lo que agudiza la crisis del sector y, a su vez, impide el ingreso de nuevos materiales genéticos que podrían incrementar como mínimo un 30 a 40% la producción actual.

Asimismo, a la ilegalidad que se percibe en la cadena comercial de la semilla y también de la producción algodonera, se suman los problemas sanitarios como la instalación de la plaga del picudo algodonero, que ayudó a achicar aún más la superficie bajo siembra.

Pablo Vaquero, ex CEO de Monsanto y actual presidente de Genética Sustentable (Gensus), dedicada a la comercialización de semillas de algodón en la Argentina y Paraguay con germoplasma local e importado, marcó cuáles son las dificultades para avanzar hoy con inversión en el sector.

Informalidad

El presidente de Gensus señaló: "Lo que pasa es que la realidad del negocio de semilla de algodón es que está envuelto en una informalidad muy grande y eso es lo que hace que solo un 10% de la superficie se siembre con semilla legal o fiscalizada, el resto, hay de todo pero en la informalidad".

Para Vaquero, el hecho que sobre 320 a 340 mil hectáreas que se sembraron en esta campaña, solo "el 10% sea con semilla fiscalizada es una cantidad muy baja. Pero apostamos a que la posibilidad de traer nuevas tecnologías con nuevas variedades haga que se corrija esta situación de comercialización".

Además precisó: "La idea es que existan más semilleras en el mercado, compitiendo, como ocurre en cultivos como el trigo, el maíz o girasol, en todos los otros cultivos. Para ello hay que trabajar con la cadena algodonera, con productores, deslintadoras, desmotadoras, con la industria textil para fijar objetivos que tengan que ver con qué calidad de fibra está necesitando la industria".

"En este esquema hay actores clave. Uno es el Inta que ha trabajado durante muchos años en desarrollo de variedades y que no han podido ser lanzadas al mercado porque no tienen la biotecnología incorporada y en eso es lo que podemos ayudar", indicó.

Agregó que "otro actor importante son las agencias públicas que tienen que regular esto para que la informalidad se vaya terminando y después el trabajo de la cadena como factor importante de querer agrandar la vuelta del cultivo que ha venido en declive en la última década dentro de un círculo vicioso como la falta de interés, la falta de tecnología y muchísima informalidad. Salir de este esquema es prioritario".

El sector está no solo atrasado en cuestiones comerciales a raíz de la ilegalidad sino también, en variedades de algodón que tengan incorporada tecnología contra insectos o bien, para combatir las malezas. De hecho, según confirmó Vaquero, en toda la superficie algodonera implantada, se siembra solo con una variedad de semilla. Y en el mercado solo hay 4 que se ofrecen.

En contrapartida, hay más de 300 variedades de semillas de maíz y otras 100 variedades de semillas de trigo.

Incumplimiento

Todo el retroceso y el retraso tecnológico por la ilegalidad que ha ganado el mercado, tiene una solución que no es otra que la aplicación de una ley que está vigente pero que no se cumple.

"Tenemos una ley de semillas del año 1973, la 20.247, que el gran problema que tiene es que no se cumple. Muchas veces se utiliza como excusa el hablar de la nueva ley para salir de la verdadera discusión que es el control de quien lo tiene que aplicar y quien la debe pagar y quien no", agregó.

A su vez, señaló que el afianzamiento de la ilegalidad, se extiende a toda la cadena algodonera y produce perjuicios también en la calidad de lo que se produce. "Es un esquema donde no se sabe bien qué variedades se siembra, cuál es la tecnología que tiene la semilla, es un completo descontrol lo que ha llevado a este problema al que se le suma el picudo", sostuvo.

Vaquero, destacó que en todo este entramado de problemas, "la buena noticia es que la realidad indica que los productores que quedaron haciendo algodón en promedio tienen una posición mejor que los que se fueron. Hay una buena base. Probablemente en 200 productores esté el 80% de la producción con lo cual no es un número grande de productores para sentarse y ponerse de acuerdo en algo que nos sirva a todos".

No obstante, señaló que a partir de este último año se percibe también un mayor apoyo desde los estamentos oficiales.

"Desde la Secretaría de Agricultura hay un trabajo muy fuerte en el tema del picudo, con Senasa, y hemos visto también en el Inase (Instituto Nacional de la Semilla) una intención de buscar corregir el tema del comercio ilegal", indicó.

La situación actual, impacta con su ilegalidad en la industria hacia dentro de ella pero también hacia los mismos estados nacional y provincial. "Hay dos tipos de pago fiscal, uno es el control que se hace por la semilla -que se evade- y el otro el impositivo netamente, porque cuando una desmotadora compra fibra en negro, no paga el 15,3% del IVA y, en varios millones de toneladas, es un perjuicio para el estado argentino, para el estado provincial".

Los incentivos que se ven desde el sector para avanzar en arrancar de cuajo la ilegalidad no son pocos. Vaquero explicó que "trayendo nuevas variedades con las tecnologías como la BT2 RRflex, es una tecnología que puesta en una variedad del Inta le puede dar al productor un 30 o 40% más de rendimiento, es resistente a insectos, al glifosato, implica tener una protección más amplia, mayor control de insectos, una tecnología de control de malezas y una variedad nueva con germoplasma mas nuevo, adaptado a enfermedades locales".