Freno

La Cámara Civil y Comercial Federal dictó anoche una medida cautelar y frenó la estatización del predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina, que había dispuesto la presidenta Cristina Kirchner el 19 de diciembre último.

Mediante el decreto 2552/12, el Gobierno había declarado la nulidad de la venta de este terreno, que el ex presidente Carlos Menem había realizado, en 1991, en favor de la Sociedad Rural.

Ante la medida cautelar, la Rural continuará siendo por ahora propietaria del predio , mientras avanza el juicio en el que se discute si el decreto de Cristina Kirchner es válido o inconstitucional.

La entidad rural tampoco deberá dejar el predio el 20 de este mes, como había intimado el Gobierno , a través de la Escribanía General para hacer cumplir el decreto.

La Sala de Feria de la Cámara Civil y Comercial Federal, integrada por los camaristas Graciela Medina, Ricardo Guarignoni y Francisco de las Carreras, debatieron toda la semana sobre la cautelar que habían planteado los abogados de la Sociedad Rural, los especialistas en derecho administrativo Juan Carlos Cassagne y Ezequiel Cassagne.

Pero sólo terminaron de pulir la resolución en la noche de ayer y, según pudo saber LA NACION, se aprestaban a notificarla al Gobierno.

El terreno en disputa

La Sociedad Rural, que fue fundada en 1866, ocupa el predio de Palermo desde 1878. Por entonces, era propiedad del Estado nacional, que cedió su uso a la entidad.

En 1991, durante la época de las privatizaciones y la reforma del Estado, Menem le vendió el terreno por 30 millones de dólares, de los cuales la entidad pagó casi la totalidad -hay un saldo de precio, de tres cuotas- e invirtió más de 100 millones de dólares en reformas.

Aquella operación fue una compraventa, como la de cualquier inmueble, y se perfeccionó con una escritura pública.

En 2001, como consecuencia de la crisis económica, la Sociedad Rural, que adeudaba un saldo del precio, no pudo terminar de pagarlo y comenzó a negociar con el Gobierno un reajuste de la deuda.

Incluso, en 2005, el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe), que desde 2012 cambió su nombre por el de Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), reconoció que el valor de 30 millones no fue un precio vil. En un dictamen oficial, el Onabe opinó que ese precio de 30 millones estaba justificado por las restricciones para cambiar el destino del predio.

Pero en 2008 estalló el conflicto entre el Gobierno y el campo por la resolución 125 y el Poder Ejecutivo comenzó a perseguir a la Sociedad Rural, denunció el titular de la entidad, Luis M. Etchevehere.

Luego de que varios organismos del Estado comenzaron a emitir dictámenes en el sentido de que la venta de 1991 debía ser dejada sin efecto, los abogados de la entidad agropecuaria iniciaron acciones judiciales.

En febrero último presentaron una medida cautelar ante la amenaza que surgía de esos dictámenes de perder el predio. Y, en forma paralela, en agosto, plantearon una acción declarativa de certeza para que la Justicia determine el saldo del precio que la Sociedad Rural adeuda al Estado.

La jueza federal subrogante Silvina Bracamonte rechazó la medida cautelar por prematura, porque si bien había dictámenes e indicios, el Gobierno aún no había tomado ninguna medida.

La Rural perdió la jugada, pero ganó un punto: quedó fijada la competencia del fuero federal civil y comercial, tal vez uno de los pocos sectores de la Justicia que todavía el Gobierno no termina de dominar. Ese es el mismo fuero que interviene en el caso de la ley de medios.

Cuando la Presidenta, en diciembre último, dictó el decreto 2552/12, sostuvo que el monto pagado por la Rural había sido muy bajo (precio vil) y anuló la venta. Entonces, la Rural presentó una segunda medida cautelar en ese mismo tribunal y Bracamonte, por motivos formales, también la rechazó.

La semana última, la entidad apeló la medida y el miércoles pidió la habilitación de la feria judicial, ante la intimación que le cursó el Estado de desalojar el predio el 20 de este mes.

Entre los argumentos, la organización rural sostuvo que si fue a la Justicia para discutir cuál es el saldo del precio que le falta pagar a la Rural por la adquisición del predio, no debe permitirse que el Gobierno directamente se quede con el predio bajo la excusa de un precio vil.