Productores del NOA se suman a reclamos por baja en retenciones a la soja

Un grupo de productores del Noroeste del país le dijo al ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, que necesitan que el Gobierno concrete una nueva rebaja de las retenciones a la soja.

Así se lo hicieron saber dirigentes de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), que mantuvieron un encuentro informal con el funcionario el jueves pasado en el marco del Congreso Nacional CREA.

El Gobierno bajó del 35 al 30% las retenciones en diciembre pasado y ahora los productores aguardan otra quita del 5%, en línea con la promesa electoral del presidente Mauricio Macri de reducir los derechos de exportación que paga la oleaginosa en cinco puntos por año.

"Le explicamos la situación del Norte y le dijimos que sin esa rebaja no somos rentables", señaló Pablo Grandval, secretario de Apronor. "Necesitamos esa baja, porque con la foto de hoy no somos rentables", insistió. En una entrevista con LA NACION, Grandval brindó más detalles del momento actual para el Norte.

En esa región se sembraron en la campaña pasada 2,2 millones de hectáreas con soja y su cosecha fue de 5 millones de toneladas. Se trata del 10% de la superficie nacional y casi el 9% de la producción total, respectivamente.

Según un informe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, bajar 5% las retenciones a la soja mejoraría hasta 18% el ingreso de los productores del NOA. El gobierno nacional resignaría un 0,8% de ingresos de cara a 2017 y las provincias, según el Ieral, un 0,4%. Esta entidad calculó que el costo total de reducir las retenciones sería de 20.954 millones de pesos. Recientemente, la Bolsa de Comercio de Rosario estimó el costo en $ 16.000 millones.

"Para nosotros, bajar un 5% nos significa mucho porque no tenemos las mismas condiciones de la zona núcleo, por la lejanía de los fletes", indicó Augusto Battig, productor de Tucumán y Santiago del Estero. "Sería un pequeño respiro", agregó el productor.

Según los productores, Buryaile les dijo que todavía no hay nada decidido respecto de las retenciones. Les habló que están en estudio diversas alternativas, como señaló LA NACION hace unos días, donde entre las opciones habría mecanismos para compensar una eventual postergación de la rebaja.

En este contexto, esta semana los productores de Apronor mantendrán un nuevo contacto con Buryaile para presentarle propuestas.

Mientras tanto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, expresó, en medio de la polémica por este tema: "Hoy no tenemos por qué poner en duda que no vayan a cumplir".

En declaraciones a radio Continental, el ruralista recordó que la rebaja del año pasado de cinco puntos porcentuales fue dispuesta en diciembre, dos semanas después de que Macri asumiera la Presidencia. "Faltan tres meses para diciembre todavía", dijo el dirigente, en referencia a las dudas que surgieron alrededor de la posible reducción.

Etchevehere apuntó que tras la disminución de las retenciones el año pasado se generó "mucha confianza en el campo, y eso se vio en inversiones".

"Las retenciones eran malísimas con el gobierno anterior y siguen siendo malísimas, sin ningún tipo de dudas", expresó.

También De Angeli

Otra voz que se expresó a favor de que el Gobierno cumpla con su promesa de bajar las retenciones fue el senador Alfredo de Angeli (Pro-Entre Ríos), una de las figuras más importantes del conflicto por las retenciones móviles en 2008 durante el gobierno kirchnerista. "Quiero que Mauricio cumpla la palabra", contestó De Angeli, cuando hace unos días fue interceptado por un grupo de productores autoconvocados que había participado de una reunión sobre la crisis tambera en el Congreso.

El senador, no obstante, reconoció que la posibilidad de bajar o no los derechos de exportación era discutida internamente.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, reconoció durante el Foro de Inversiones que en el Gobierno se había abierto un debate sobre si era conveniente reducir los derechos de exportación a la soja debido al rechazo de la Corte Suprema al aumento de tarifas de gas ordenado por el Poder Ejecutivo, lo que había obligado a modificar los planes de reducción del déficit fiscal.