Excluyen a Bunge

El Gobierno excluyó del Registro de Operadores de Granos a la empresa Bunge por considerar que la firma, segundo exportador de granos y subproductos del país, ha cometido diversas irregularidades fiscales.

La decisión se conoció ayer por el Boletín Oficial y fue respaldada por el administrador general de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.

Según el funcionario, Bunge Argentina tiene con la AFIP una deuda por 1800 millones de pesos en concepto del pago de derechos de exportación e impuesto a las ganancias.

En la compañía no hicieron comentarios a las críticas del jefe de la AFIP. La agencia de noticias Bloomberg consultó sobre la medida en la sede central de Bunge en White Plans, Nueva York, y no obtuvo respuestas. Tampoco en la Argentina respondieron sobre las acusaciones de Echegaray.

La medida, que no le impide a la empresa continuar operando en el país, le quita beneficios fiscales en el IVA y en el impuesto a las ganancias. A principios de este mes, había sido suspendida del registro después de un fallo a favor de la AFIP dispuesto por la Cámara Federal de Apelación A de Córdoba. Ahora se la excluyó en forma permanente.

El caso Bunge es el más resonante de los que tiene la AFIP contra los exportadores de granos y subproductos no sólo internacionales, sino también nacionales.

Una fuente allegada al sector, que pidió no identificarse, dijo que el organismo recaudador, como parte de su ofensiva contra los exportadores, además hace una contraverificación de la carga al comparar cada permiso de embarque con el peso del buque. Esto, según los exportadores, provoca sobrecostos estimados en 25.000 dólares diarios por cada jornada extra de demora. Hasta el momento, hubo cerca de 40 buques demorados.

La semana pasada, los exportadores les dijeron en forma extraoficial a técnicos de entidades ruralistas que los costos extra iban a ser descontados del precio que les pagaban a los productores.

Echegaray advirtió ayer que si esto sucedía iba a sancionar a los exportadores. "Vamos a defender a los productores porque contamos con las herramientas que nos da la ley", dijo Echegaray, que, sin embargo, no aclaró qué sanciones podrían aplicarles a los exportadores en caso de un eventual descuento en el precio de los granos. Advirtió que el organismo desde 2009 tiene información sobre todos los contratos de venta de granos.

Luego de un acto por un acuerdo entre la AFIP y el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires por la firma digital, el funcionario respondió a las preguntas de los periodistas por la medida contra Bunge. Fue especialmente crítico contra las compañías multinacionales, a las que acusó de tener una inconducta fiscal. "Son las compañías que más facturan y no declaran Ganancias", dijo, en referencia a la utilización de terceros destinos, en algunos casos paraísos fiscales, para la declaración de las ventas. "Compran granos que se cosechan y transportan en la Argentina", pero, según el funcionario, no tributan las cargas correspondientes.

"Tienen una conducta dual; por un lado, rechazan el reclamo de la AFIP, pero, por otro, en sus balances hacen previsión del monto reclamado", sostuvo.

Una fuente cercana al sector exportador recordó que la ofensiva de la AFIP también alcanza a las empresas argentinas, como Molinos, Vicentín y Aceitera General Deheza.

Aunque Echegaray no dio precisiones sobre el tema, fuentes del organismo recaudador dijeron que son 53 las empresas cerealeras que tienen deudas con la AFIP.

Respecto de Bunge, el jefe de la AFIP dijo que "es un contribuyente que no tiene buena reputación fiscal".

Del total de la deuda en conflicto, ya que la empresa se presentó ante la Justicia, unos 600 millones de pesos corresponden a una deuda que se originó por "haber preanotado productos, en tiempos de cambio de alícuotas, para pagar menos impuestos y que luego se comprobó que no estaban comprados y ni siquiera cosechados", según el funcionario. Este reclamo se vincula con el aumento de las retenciones a la soja del 27,5 al 35% en noviembre de 2007.

Pese a la dureza de las críticas, el funcionario afirmó que si la compañía "regulariza su situación, podrá iniciar su trámite para el ingreso nuevamente en el registro".

Más control a los exportadores

• La AFIP dispuso ayer que los exportadores que reclamen deudas al organismo por devolución del IVA deberán someterse a un proceso de fiscalización automática sobre su situación impositiva antes de que el organismo les restituya las acreencias. Así lo establece la resolución 3397, publicada ayer en el Boletín Oficial.

• Echegaray aclaró que eso no significa que no se les devolverá la deuda, sino que se profundizarán los controles. Además, negó que los atrasos en la devolución de impuestos sean de importancia. "En otras épocas se tardaba hasta dos años", dijo.