La federación Argentina de Productores de Tabaco (FAPT) expresó su “preocupación” por un proyecto que modificaría la actual Ley de Deportes y se financiaría con nuevos impuestos al tabaco.
La entidad indicó que “el cigarrillo ya cuenta con una notable carga fiscal, que se aproxima a un 70% del precio de venta”, y advirtió que un nuevo gravamen afectaría a las economías regionales del NOA y NEA y conllevaría a “serios problemas sociales” en esas provincias.
El presidente de FAPT, Pedro Pascuttini, lamentó que “una vez más encuentran en el tabaco una herramienta fácil para financiar proyectos de ley”, en referencia a la iniciativa anunciada por el diputado nacional Mauricio Gómez Bull.
“Los impuestos al tabaco tienen un límite, que en la Argentina ya lo superaron. A nivel mundial, en promedio, el 59% de cada paquete de cigarrillos corresponde a impuestos, mientras que en la Argentina ese número se acerca al 70%”, destacó el directivo.
La institución remarcó en un comunicado que en el país ya existen cinco impuestos que gravan a los cigarrillos, siendo tres de ellos específicos de este producto.
“El cultivo de tabaco es esencial para el desarrollo de las provincias del NOA y NEA (Misiones, Corrientes, Chaco, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy)”, tanto “en la generación de recursos y el desarrollo social de las comunidades, como así también en la constitución del producto bruto geográfico de las provincias productoras” y “representa uno de los principales sectores agrícolas del país del cual dependen aproximadamente 1.000.000 personas para su subsistencia”, señaló.
Pascuttini solicitó a las autoridades que “tengan en consideración que para los compañeros tabacaleros este cultivo es una fuente genuina de trabajo, dado que se necesitan alrededor de 120 jornales por hectárea mientras que para la soja, el trigo o el maíz se necesitan 0,44 jornales por hectáreas”.
“Al agregar un nuevo impuesto, las consecuencias conllevarían a serios problemas económicos y sociales que podrían ir desde una merma en la plantilla de trabajadores, dificultades para el pago de salarios en tiempo y forma y menor desarrollo productivo hasta una notable disminución en la actividad económica general de estas provincias”, alertó FAPT.
