A sólo veinte días de que empiece a llegar las cosecha de maíz y soja a los puertos, un paro de camioneros podría ocasionar demoras a partir de la negativa del Gobierno de no actualizar las tarifas de los fletes en un 28%, según el reclamo de la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra).
Lo que pide este gremio es que pasen de los actuales $56,51 en los primeros 10 kilómetros a 72,33 pesos. A partir de ahí por cada kilómetro se quiere que el incremento sea de $1,86, que se multiplica por la cantidad de toneladas (28) que lleva cada camión.
Desde Fetra, su vicepresidente Pablo Agolanti argumentó que el aumento se debe “a la inflación del año pasado que se suma a la devaluación que marcó un incremento en los insumos y recientemente en un alza en los seguros, todo esto impacto en los costos”.
Es por eso que “hemos declarado el estado de alerta y movilización, convocando a asamblea permanente en todas las provincias cerealeras”, dijo Agolanti.
Actualmente la tarifa se rige por las disposiciones 36 y 37 aprobadas en el 2012. El mismo marca una única tarifa orientativa a nivel nacional.
En la reunión con los funcionarios participaron, por primera vez, las entidades del campo. El secretario gremial de la Federación Agraria, Agustín Pizzichini, señaló que la discusión se centra en que “los productores siempre pagamos el precio más alto, mientras que a los acopios les pagan lo que quieren, lo que genera una distorsión”, a lo que agregó: “Nosotros no vamos a avalar un aumento del 28% y si es necesario lo discutiremos provincia por provincia”.
Lo cierto es que los granos gruesos están pronto a levantarse. El valor de éstos es bajo en comparación al 2015, lo que complica la ecuación a la hora de pagar los gastos de campaña. El Ejecutivo deberá mediar entre uno y otro para que no estalle el conflicto y las divisas ingresen a su debido tiempo en el Central.
El campo busca acercar posiciones para el pago de la tecnología en la semilla
Las entidades del agro se reunieron ayer con la cadena comercial de semillas para hacer posiciones en el pago por las nuevas tecnologías. Pero aclararon que para llegar a un consenso será necesario “eliminar la cláusula Monsanto”.
Mediante un comunicado la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria y Coninagro señalaron que para poder empezar a construir el consenso “en igualdad de condiciones es necesario eliminar todas las trabas de comercialización que se han impuesto unilateralmente en estos últimos tiempos, tales como la cláusula Monsanto”.
El presidente de CRA, Dardo Chiesa, dijo a Télam que “el precio de la biotecnología debe ser pagado en la bolsa de semillas y no en el puerto”, y reiteró el pedido de “una nueva ley de semillas en la cual se retire la cláusula Monsanto”.
Este diario se comunicó con la empresa norteamericana, pero informó que por el momento no dará una opinión al respecto. La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), tampoco quiso hacer declaraciones.
Chiesa manifestó que en la reunión hubo puntos de contacto entre las posiciones y que Monsanto se llevó las propuestas de las organizaciones rurales para analizarlas y sentarse a conversar nuevamente dentro de diez días.
La soja, con “estrés hídrico”
Las expectativas en soja y la calificación de regular a mala ya abarca al 16% del área de la oleaginosa de primera por el “estrés hídrico” en gran parte de la zona núcleo, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.
“La pérdida de potencial ya es un hecho”, sostuvo la Bolsa al describir el estado deplorable de muchos cultivos.
“Marchitamiento, baja altura de planta, pérdida de vainas, reducción del tamaño del grano, trips y arañuelas encienden la alarma de estrés hídrico en gran parte de la región núcleo”, se lee en el informe.
El rango de rindes estimados va de 2500 a 4500 kilos por hectárea, según explicaron ya que “puntualmente, la situación hídrica es realmente crítica en el noreste bonaerense, con expectativas de 2300 a 3000 kilos por hectárea en soja de primera”.
