Jorge Chueco, un abogado clave en la causa de lavado de dinero conocida como "ruta del dinero K" que había desaparecido la semana pasada en forma misteriosa, fue arrestado ayer en Paraguay y expulsado de ese país, al que había ingresado ilegalmente.
Chueco, detenido en la ciudad de Encarnación por las autoridades guaraníes, fue trasladado anoche al país en medio de un gran operativo de seguridad en la frontera entre ambos países, indicaron fuentes de Gendarmería Nacional.
El abogado, sobre quien había pedido de captura nacional e internacional en la causa por lavado de activos donde está preso el empresario ligado al kirchnerismo Lázaro Báez, iba a ser alojado posiblemente en el Escuadrón 50 de la Gendarmería, en Posadas (Misiones), para luego ser trasladado a Buenos Aires.
En principio las autoridades argentinas mostraron cautela sobre la identidad del sujeto, pero funcionarios policiales, judiciales y gubernamentales paraguayos dieron numerosos detalles para confirmar los datos.
Así, con el avance de las horas se confirmaron el arresto y la identidad de Chueco desde el juzgado federal porteño de Sebastián Casanello y en el despacho del juez de Misiones Osvaldo Lunge, que había tomado intervención por la desaparición del abogado, ocurrida el jueves pasado.
La prudencia y la demora se fundaba en la falsa detención hace unos meses en Paraguay del empresario Ibar Pérez Corradi, buscado como ideólogo del Triple Crimen de General Rodríguez y evadido de la justicia desde hace cuatro años.
La noticia sobre la detención de Chueco se conoció pasadas las 18 desde Paraguay, cuando el comisario guaraní Juan Barúa, jefe de la policía del departamento de Itapúa, dijo a la radio ABC Cardinal, del grupo del diario ABC, que se había cumplido la orden de captura internacional por el caso de lavado de dinero.
Según dijo luego el oficial a Radio del Plata de Buenos Aires, Chueco "ingresó a Paraguay ilegalmente por la zona fronteriza entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este, estaba solo, en buen estado de salud y no opuso resistencia" cuando lo detuvieron en la vereda, frente al hotel "Le Club" de Encarnación, ciudad fronteriza a Posadas.
Barúa precisó que el abogado "fue llevado a la comisaría, se le avisó a la gente de Gendarmería y de Migraciones y pudo confirmarse que era Jorge Oscar Chueco, argentino, de 64 años".
De acuerdo al relato de autoridades paraguayas, el hombre fue interceptado porque se parecía a Chueco y cuando le preguntaron su nombre se identificó como "Antonio Villalba".
En diálogo con ABC Cardinal, la fiscal Liliana Galeano –igual que Barúa– señaló que el hombre se había alojado en el hotel bajo la identidad de "Antonio Cubillas" y que quería matarse.
"Uno de los propietarios del hotel vio una conducta rara en él, incluso fue hasta uno de los balcones y estaba por tirarse cuando lo socorrieron y lo atajaron; ahí uno de los empleados del hotel lo reconoció", precisó Galeano.
La fiscal explicó que ordenó la detención por tratarse de una persona indocumentada. Se dispuso un nuevo allanamiento en la habitación del hotel a fin de buscar más evidencias.
La expulsión, en lugar de la habitual extradición, se dispuso rápidamente porque el prófugo había entrado ilegalmente a Paraguay.
Con la reactivación de la causa, la detención de Báez hace dos semanas y las palabras de Fariña como arrepentido, Chueco decidió viajar la semana pasada a Puerto Iguazú, donde se alojó simultáneamente en dos hoteles, Saint George y la hostería Los Helechos.
Su exmujer, Patricia, reportó que había recibido un llamado por el cual le avisaba que le dejaba una carta y dinero en la caja fuerte de una habitación de hotel.
La policía, además, lo encontró aparentemente ebrio en uno de los corredores de Garganta del Diablo diciendo que quería suicidarse. Tras su desaparición la policía encontró en uno de los hoteles la carta y una cifra cercana a 43 mil dólares, mientras hacían rastrillajes para localizarlo.
Casanello firmó los procesamientos con prisión preventiva de Lázaro Báez y su contador Daniel Pérez Gadín y la misma medida, sin detención, para los hijos de ambos –Martín y Sebastián, respectivamente–, el asesor Fabián Rossi y los dueños de SGI, César Fernández, y de la empresa aérea Top Air, Walter Zanzot. También dispuso la captura nacional e internacional de Chueco y la inhibición de sus bienes.
