Desde que fue sancionada en 2010, la ley provincial de ordenamiento territorial del bosque nativo no resulta del agrado de los productores ganaderos, en especial de los ubicados en el arco noroeste de Córdoba. Es más, sus objeciones hacia su contenido datan de mucho antes de su promulgación, cuando su contenido era aún un proyecto que se debatía en el ámbito de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN).
Luego de dos decretos reglamentarios, la situación no ha cambiado. Todo lo contrario, según advierten los productores. En una primera instancia, la reglamentación dispuesta en el decreto 170/11, de febrero de 2011 alteró, según sus evaluaciones, los términos de la ley. Esta divergencia fue motivo de crítica y de reclamos judiciales (amparos que aún esperan resolución) por parte de ONG y entidades productivas, que defienden la producción en el bosque de forma sustentable. Fundamentan su posición en que el decreto tiene vicios que lo califican de inconstitucional, entre otros aspectos porque fue dictado sin un proceso participativo, establece porcentuales como zona de reservas que la ley no determina, amplía el concepto de bosque nativo y realiza una restricción arbitraria, sin fundamento o razonabilidad, en el tema de fracciones en condiciones de producción bajo riego. Además de no haber abordado el tema de las compensaciones como exige la legislación.
Más palos
La reciente precisión de la norma agravó aun más el panorama, expresan los productores y sus representantes. A tal punto de asegurar que lo previsto en el decreto 1.131, publicado este mes, terminó de hacer inoperable a la ley provincial. Su contenido deroga el artículo 14 del decreto anterior, que contemplaba entre otros aspectos la posibilidad de que el predio donde exista infraestructura para producción bajo riego se lo considerará en la categoría de conservación verde (se puede transformar), sometiéndose a los requisitos de la ley para el cambio de uso de suelo. A su vez, difiere en el tiempo dos párrafos del artículo seis del decreto 170, en el que figura el término “aprovechamiento sustentable”, considerado por los productores una expresión absolutamente en consonancia con la ley nacional y su decreto reglamentario.
“Si a la norma se le contradice su espíritu se la hace inútil. Hoy cualquier productor que pretenda iniciar un plan conforme a la ley no tendría posibilidades de hacerlo. El control selectivo de las leñosas o poda por aplastamiento es totalmente amigable con el ambiente y sirve como herramienta de recuperación”, aseguró Raúl Carranza, abogado de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez).
En 2005, la ley 9.219 prohibió en Córdoba el desmonte total por un plazo de 10 años. El manejo selectivo quedó sujeto a un proceso de evaluación y autorización por la autoridad de aplicación –hoy la Secretaría de Ambiente de la Provincia– en campos que ya estaban desmontados.
Pero las autorizaciones en los últimos años han sido escasas y agravan aun más la actividad ganadera. Desde la sanción de la ley nacional de ordenamiento del bosque nativo, en 2007, se suspendieron todas las autorización hasta tanto la Provincia realizara su propia normativa. Una vez dictada la ley provincial y su decreto reglamentario, los productores admiten que los permisos que se han otorgado desde ese momento no deben superan los 10. Desde la Secretaría de Ambiente, ante un pedido de La Voz del Campo , no se informó sobre la cantidad de permisos otorgados.
A juicio de los ganaderos, existe una total paralización del sector ganadero y una incertidumbre en cómo realizar el manejo de explotación. “No se logra conocer cuál es el criterio de la autoridad para las autorizaciones, ya que el texto de la reglamentación tiene serias contradicciones y limitaciones a la normativa que pretende regular”, justifican. Ahora, con el nuevo decreto 1.131, las posibilidades se reducen aún más. “Qué funcionario responsable va a autorizar un Plan de Conservación o de Manejo que hoy el decreto tácitamente prohíbe”, se preguntó Carranza.
Luego de dictar el estado de alerta, las sociedades rurales del noroeste están evaluando los caminos a seguir. Consideran que esta nueva reglamentación distorsiona aun más los alcances de la ley e impide la producción.
Cambio obligado
Según interpretan desde Cartez, las objeciones planteadas en su momento por la Secretaría de Ambiente de la Nación a la ley provincial, a los fines de acreditar ante este organismo nacional el cumplimiento del ordenamiento territorial, hizo que la Provincia decidiera la última reglamentación. Así como la ley nacional prohíbe el “aprovechamiento forestal” en las zonas rojas, quizá la presencia de ese término en la norma provincial generó ruido en las autoridades nacionales, razonan en la entidad ruralista.
Los productores afirman que, con el nuevo decreto, la Provincia buscó solucionar el pedido de Ambiente de la Nación y destrabar así el aporte del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación del Bosque Nativo.
En el caso de Córdoba, se trata de 20 millones de pesos anuales, de los cuales 70 por ciento debe ir a los productores en concepto de compensación ambiental, y el resto para gestionar el cuidado y protección de los bosques.
Para los ganaderos, el resarcimiento previsto en la ley es insignificante. Representa menos de 10 pesos por hectárea por año. “La restricción de área que tiene el productor respecto de la fracción es importante, entre 30 y 40 por ciento, por lo que el costo de oportunidad es alto. Si un productor con un manejo silvopastoril puede producir entre 60 y 80 kilos de carne por hectárea al año, lo que se pagaría como compensación es muy poco y atenta contra los más elementales derechos constitucionales”, observó Carranza.
Colisión
Si bien los productores consideran que el diseño de la ley provincial dictada en 2010 no estuvieron representados todos los sectores, valoran que su espíritu no vulnera a la ley nacional y menos aun los derechos que acuerda la Constitución Nacional a las jurisdicciones locales. No obstante, sostienen que se hace una interpretación tendenciosa y forzada de la norma provincial.
En Córdoba está prohibido desde 2005 el “aprovechamiento forestal”, un concepto que según los productores nada tiene que ver con la expresión “aprovechamiento sustentable” que el último decreto difiere su aplicación hasta 2015. Según Carranza, la ley nacional permite en zonas verdes actividades que no alteren los atributos intrínsecos del bosque, como es la colecta de bienes que puedan ser sosteniblemente extraídos, tarea acorde con la poda o rolado de bajo impacto. “Ello está en total consonancia con la normativa provincial y con el término aprovechamiento sustentable”, precisó.
El sector entiende que con la ley provincial se puede realizar una adecuada gestión sustentable del monte, pero hay que cambiar su reglamentación.
