Las inundaciones son una prueba concreta de las carencias de infraestructura que sufre la ciudadanía y la actividad productiva. No es un problema de disponibilidad de recursos públicos sino de capacidad para administrarlos a favor del bienestar general. Para financiar las obras hídricas que permitan evitar o mitigar las inundaciones alcanzaría con redestinar los fondos estatales que se dilapidan en Aerolíneas Argentinas. Con un manejo más profesional, federal y honesto del sector público se podrían evitar los enormes daños que producen las inundaciones.
Las lluvias por encima de los niveles promedios están ocasionado severos daños en varias ciudades y campos de la pampa húmeda. Colapsados los sistemas de drenaje, se generan desbordes en las cuencas hídricas que producen enormes daños sociales y económicos. Estos fenómenos testimonian las consecuencias de no contar con una adecuada infraestructura pública que facilite el drenaje del agua frente a la adversidad climática. ¿Por qué se prolongan en el tiempo estas carencias cuando el país ha transitado por un período prolongado de bonanza económica, de crecimiento sin precedentes de la presión impositiva y el gasto estatal, y repetidos anuncios de obras públicas?
Desde el año 2002 existe un instrumento de financiamiento específico para que las provincias y los municipios ejecuten obras de mitigación y control de inundaciones: el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. Este fondo se nutre de un impuesto de 5% sobre el precio de las naftas y 9% sobre el del Gas Natural Comprimido. Para analizar su evolución se puede apelar a datos de la Secretaría de Hacienda y de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) los cuales muestran que:
· En el año 2008 el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica administró $485 millones para obras hídricas.
· En el mismo año se estatiza Aerolíneas Argentinas, en esa instancia recibió subsidios por $1.064 millones, o sea, el doble de los recursos del Fondo.
· Para el año 2012 se proyecta que el Fondo de Infraestructura Hídrica cuente con $984 millonesmientras que Aerolíneas Argentinas recibirá aproximadamente $3.845 millones, o sea, 4 veces más.
Estos datos brindan un ejemplo concreto e ilustrativo de la poca racionalidad con la que se administran los recursos públicos. Nunca la ciudadanía pagó tanto impuestos como en la actualidad, pero siguen sin ejecutarse obras públicas básicas para evitar o mitigar los desbordes hídricos. La explicación es que los impuestos no se usan a favor de obras que benefician a la población sino en despilfarros, como es el caso de los subsidios públicos para financiar los déficits de Aerolíneas Argentinas.
Los daños producidos por las inundaciones son la prueba de las negativas derivaciones asociadas al centralismo extremo con que opera el Estado. El Fondo fue concebido como unainstitución federal para asignar recursos automáticos a las provincias y municipios con el objetivo de realizar obras hídricas de mitigación de inundaciones. Para un buen funcionamiento de este mecanismo, desde el nivel nacional se debería haber velado para que el volumen de recursos fuera suficiente, la gestión transparente y por controlar la pertinencia y la calidad de las obras. Sin embargo, existen evidencias oficiales de que el Estado Nacional incumple de manera sistemática con estos roles.
En relación al volumen de recursos es claro el desbalance entre el valor social de las obras para evitar inundaciones respecto al despilfarro que significan los subsidios a las empresas públicas.Pero también existen evidencias de la poca transparencia, pobreza de gestión y carencia de sentido estratégico en el uso de los fondos. A modo de ejemplo, un informe del año 2007 de la Auditoria General de la Nación señalaba que “si no se producen situaciones críticas de mayor gravedad en el área geográfica auditada, solo se debe a que las precipitaciones han sido inferiores a la media histórica”. Se trataba de una advertencia concreta; sin embargo, con posterioridad a este informe se hace difícil encontrar otros reportes que evalúen las condiciones de las obras hídricas. Es decir, la respuesta a la alarma que activó el órgano controlador fue potenciar la desidia y la falta de transparencia.
Los daños producidos por las inundaciones se podrían evitar o mitigar invirtiendo los fondos públicos con un sentido estratégico. Es claro que el problema no es la disponibilidad de recursos, sino la precariedad en la gestión. Ante la acumulación de costosos fracasos, se impone la recomposición institucional organizando al Estado bajo la lógica federal que contempla la Constitución Nacional y la recuperación del nivel técnico, ético y profesional en la gestión de la administración pública.
