Una corriente de acción y pensamiento, validada por las condiciones de oportunidad política de los últimos años, se ha hecho presente con más fuerza que en el pasado para cuestionar todo lo establecido en la sociedad: usos y costumbres, tradiciones, instituciones culturales, familiares, religiosas, sociales, militares, de seguridad. La contraposición es rotunda: más vaga es la voluntad en cuanto a producir un cambio real determinado.
Lo menos claro de esa corriente es el destino final que persigue. Más que por la malicia de escamotear lo que tal vez se proponga, debería conjeturarse que se limita, ante las propias incertidumbres, a poner a prueba sucesivas hipótesis de reemplazo de lo existente.
Si tal fenómeno se prolongara por un tiempo excesivo, transferiría a la sociedad no poco de la reacción más inquieta que asombrada de H.G. Wells, cuando en 1920 preguntó a Lenín qué tenía determinado hacer con el pueblo ruso. La contestación no le dejó dudas de que la revolución rusa fuera otra cosa que el comienzo de una era de experiencias ilimitadas. Lenín ya había escrito que los que habían emprendido la tarea de vencer al capitalismo "deben estar dispuestos a ensayar método tras método hasta que hayan al fin descubierto el que debe guiarlos mejor a sus fines". En aquel diálogo, subyacía la admisión de convertir a un escenario político nacional en un inmenso laboratorio de comprobaciones seudocientíficas: el papel de cada ser humano sería el de un cobayo sin otro valor, precisamente, que el de un descartable sujeto de pruebas.
Por su capacidad de resistencia natural a la excentricidad de experimentaciones realizadas a veces por los Estados y preparadas siempre de antemano por teóricos y actores prácticos de la política, el campo argentino ha sido un blanco preferido en la voluntad sistémica de arrasar con valores establecidos. Ejemplo palmario de todo esto ha sido la vastedad de los ataques al campo a raíz del uso de glifosato, un agroquímico concebido para combatir malezas que compiten con los cultivos por la humedad y los nutrientes de la tierra, y por la luz que convierte la energía en alimentos.
Ahora mismo, la campaña contra los productores agropecuarios y los laboratorios concurrentes a las labores rurales ha encontrado otra ocasión más de encarnizada exposición. Ha servido para ello la reanudación de un juicio abierto en Córdoba. Allí se controvierte la responsabilidad o no de dos productores y de un fumigador aéreo en la duplicación de los casos habidos de enfermos con cáncer en un barrio de la periferia de la capital cordobesa.
Tanto los testigos como los expertos han dejado un abanico amplio de serias dudas sobre las responsabilidades imputadas por supuestos actos de fumigación realizados en 2004 y en 2008 a un par de centenares de metros del barrio en cuestión. Las dudas también se manifiestan por la concurrencia de causas en los males denunciados. El punto central del debate ha de ser, en rigor de verdad, si los imputados realizaron aquellas tareas o no dentro de los márgenes de proximidad poblacional establecidos por las normas.
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos tiene dicho que el cuestionado agroquímico es de un grado de toxicidad III, es decir, "ligeramente tóxico" si se lo inhala o entra en contacto con la piel. Algún grado de toxicidad, aunque mínimo, produce hasta el encendido de un auto y sobran motivos para señalar las consecuencias eventuales que deben derivarse de la basura y desperdicios esparcidos por las calles de nuestras ciudades o de los medicamentos que se ingieren fuera de las modalidades prescriptas.
Es notable que se pretenda difamar sin pausa a empresas de la más alta tecnología mundial y a usuarios de productos que han sido legalizados por las autoridades nacionales, provinciales y municipales. ¿Por qué los críticos no comienzan por denostar a los poderes públicos de incumbencia? El mismísimo ministro de Ciencia y Técnica, Lino Barañao, salió en su momento al cruce de una campaña fundada en opiniones de científicos locales opuestos al criterio mayoritario de la propia comunidad académica y a lo que arroja la experiencia acumulada en los más de 110 países en que está en uso aquel agroquímico.
Sabemos que sin la batería de agroquímicos legitimados por las autoridades se esfumarían los márgenes extraordinarios de productividad alcanzados en la última década por el campo, no sólo con la soja, sino con otros cultivos también. ¿Es, acaso, esto lo que incomoda a un renovado nihilismo: escándalo por generar más alimentos y ahora, además, los combustibles que se logran con el biodiésel y el etanol? ¿O es que habrá llegado el momento de preguntar por el número de fuerzas movilizadas a raíz de la eficacia de los agroquímicos en combatir, en países próximos al nuestro, los cultivares de coca que exceden en mucho al mercado de su consumo legal e integran la cadena de narcotráfico que hoy se enseñorea en la Argentina en su paso hacia Europa?
Todas las ideas han de respetarse como materia de opinión y en nombre del pluralismo crítico que se funda en principios superiores de la República. Pero hay que defender las propias con la energía conveniente a las circunstancias, sin complejos y con convicción.
Glifosato
