Los desbordes y saqueos ocurridos en los últimos días –que hasta el momento provocaron la muerte de ocho personas– son producto del sistemático proceso de desmantelamiento de la infraestructura policial.
En muchas provincias argentinas los efectivos dijeron basta con medidas de fuerza que provocaron –ante la ausencia de policías– situaciones de barbarie que evidencian, mas que hambre, un resentimiento alimentado por la creciente inequidad social.
En los ámbitos rurales bonaerenses la situación es conocida hace tiempo. Por ese motivo en muchas zonas de la provincia los productores agropecuarios financian buena parte del presupuesto de las patrullas rurales, las cuales, sin ese aporte, no podrían desarrollar tarea alguna al carecer de los insumos más elementales (comenzando por el gasoil para las camionetas).
Los métodos de financiación son diversos: puede tratarse de una contribución mensual directa –como es el caso del aporte que recibe la Patrulla Rural de Luján, que actualmente es de 400 pesos por campo– o bien de un porcentaje de lo que se abona por la vacuna antiaftosa (método empleado por la Sociedad Rural de Chascomús para financiar a la patrulla local).
Sin el aporte de los productores, las patrullas rurales no podría operar, dado que los recursos aportados por el gobierno provincial son casi inexistentes.
Un ejemplo: la Patrulla Rural de Azul, encargada de custodiar unas 550.000 hectáreas, recibe del gobierno provincial una partida de 2100 pesos cada cuatro meses para financiar costos operativos, según denunció un artículo publicado por el diario local El Tiempo.
“La tasa al combustible va a afectar doblemente al productor agropecuario, quien tal vez salga a otros partidos a comprar el gasoil a granel”, manifestó Julio Melcon
El secretario de Seguridad y Justicia, José Glinski remarcó “se está trabajando para atender de la mejor manera posible un problema que afecta directamente a la producción de la zona”
10 Dic 2013
