Hay un giro dramático en las protestas de los productores que se están multiplicando a un ritmo alarmante y que prometen endurecerse y dejar de ser testimoniales, como los paros de comercialización que se realizaban los fines de semana.
Ocurre que a los chacareros les cayó la ficha: acaban de levantar una cosecha récord de granos, la soja superará las 60 millones de toneladas, y la mayoría están quebrados o en vías de quebrar. Están tomando conocimiento de que los quintales de los granos cosechados, sean de soja o de maíz, no tienen poder de fuego para pagar las cuentas pendientes, que subieron al ritmo de la inflación. Un camión de maíz que sale de un campo de Córdoba al puerto de Rosario tiene una carga que vale 26.000 pesos pero debe pagar antes un flete de 10.000 pesos. Esta campaña ya no tiene resto. Capital y equipos de trabajo se fueron consumiendo en los ciclos pasados por una ecuación agrícola que no cierra con las actuales retenciones y la suma de impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Pero aunque cueste creerlo, el problema más grande a enfrentar no es el presente sino el futuro. Los números de la próxima campaña son tan malos que los productores más endeudados ya no pueden seguir engañándose con volver a sembrar. Si no quieren seguir sumando más deuda, se ven obligados a enfrentar la salida siempre ruinosa de la actividad.
Sin duda, los más afectados son las empresas contratistas que alquilan y siembran por lo menos la mitad de la superficie agrícola del país. Allí se concentrarán las mayores deserciones de la actividad. La consecuencia más probable es que caiga la superficie sembrada de la próxima cosecha gruesa, amén de que se realizará con el paquete de insumos de menor tecnología. El trigo ya registra esta situación, con una estimación de caída de superficie del 20%.
Entre los chacareros sobran los indignados y los dispuestos a convertir la protesta en un revival de 2008. Es el espíritu que dominó la asamblea de productores que se hizo la semana pasada en San Pedro. Entre las iniciativas quieren instituir el 17 de julio como el "Día del gobierno No Positivo".
