Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y su entidad adherida la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), pusieron de relieve tanto la preocupación que hay en el sector por la fuerte presión impositiva como el temor a que el Gobierno realice una mayor intervención en el mercado agrícola con una junta de granos o una agencia de comercialización.
En ese contexto, Alfredo Rodes, director ejecutivo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), puso en números el impacto que tuvo el revalúo de tierras y el aumento del impuesto inmobiliario rural que impulsó el gobernador Daniel Scioli en 2012. Para ejemplificar, citó el caso de Ramallo, donde se hizo Expoagro. Aquí la valuación de las propiedades rurales aumentó desde entonces 1238 por ciento.
Además, la suba del inmobiliario se sintió fuerte. Para esta localidad, un campo de 150 hectáreas que pagaba $ 135,15 por hectárea pasó a tributar $ 290,70 por hectárea. En un año, ese establecimiento incrementó su contribución total por este concepto de 20.289 a 43.525 pesos.
La reforma provincial afectó más a los establecimientos chicos antes que a los que trabajan una mayor escala. "En Ramallo, el impuesto pegó más al productor de 150 hectáreas que a uno de 600 hectáreas", explicó Rodes.
A todo esto, este año muchos municipios de Buenos Aires subieron las tasas viales. "Las tasas municipales tuvieron un aumento promedio del 30 por ciento. Es un combo muy peligroso", señaló Horacio Salaverri, presidente de Carbap.
Rodes dio otro ejemplo, pero en este caso con las retenciones del gobierno nacional. Volviendo al caso de la explotación de 150 hectáreas en Ramallo, sólo por retenciones de ese campo el Gobierno se lleva 523.125,49 pesos. Es plata que el productor podría destinar a una inversión en su mismo pueblo. En tanto, de todo Ramallo (95.200 hectáreas) en promedio el Estado percibe US$ 42,2 millones.
La otra preocupación es el temor a que el Gobierno impulse una junta de granos. "Hay carpetas que están dando vueltas [por los proyectos]. En manos de este Gobierno, eso sería la destrucción de la agricultura", afirmó Rubén Ferrero, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en su disertación.
Juan Rey Kelly, economista de CRA, calculó que el costo fiscal que tendría el Estado para eventualmente crear una junta de granos ascendería sólo en intereses para financiar un 30% de la compra de la cosecha a la cifra de US$ 5000 millones.
