Luego de la crisis de 2001 y 2002, donde el Estado padecía una severa falta de financiamiento al entrar en default y no poder participar del mercado de capitales, el Gobierno de Eduardo Duhalde y su ministro Jorge Remes Lenicov decidieron aumentar las retenciones iniciando un proceso de apropiación de rentas del sector agropecuario y generando una de las expropiaciones más grandes en la historia fiscal argentina.
Cabe aclarar que el régimen de retenciones es altamente distorsivo para la economía, generando pérdidas de bienestar (beneficios y eficiencia) al sector agropecuario en particular y a la economía en su conjunto.
El triunfo de la Alianza Cambiemos debería significar el retorno a la racionalidad económica, al desarticular todas las distorsiones que la administración saliente deja a nuestra maltrecha economía. Las retenciones al sector agropecuario fueron una fuente importante del financiamiento del gasto público, desviando recursos desde sectores eficientes hacia ineficientes y, en algunos casos, hasta improductivos.
Dejando de lado las consideraciones y prejuicios ideológicos, dos factores contribuyeron a que la administración saliente no mostrara voluntad política para su desmantelamiento o reducción. En primer lugar, a partir de 2002 comenzó un ciclo de crecimiento de los precios internacionales de los commodities, que alcanzó su pico durante 2008, año donde las retenciones representaron 16,5% del total de la recaudación, excluidos los ingresos de la seguridad social. Por otro lado, y durante los primeros años de la administración de Kirchner, el alto tipo real de cambio, herencia de la megadevaluación de 2002, dio un estímulo adicional a los deseos del Gobierno de hacerse de fondos fiscales.
La situación hoy es diametralmente opuesta. Los precios de las commodities han iniciado un ciclo de caída a partir de 2014 y el atraso cambiario ha puesto al sector agropecuario al borde de la quiebra, al tener que soportar, entre otros costos, un gravamen cuasi confiscatorio. Además, desde el punto de vista fiscal las retenciones hoy sólo representan el 7,3% del total de la recaudación, al excluir los ingresos de la seguridad social, y sólo el 5,3% si los incluyéramos. Esto significa que estamos frente a la oportunidad política de desmantelar definitivamente el nefasto régimen de retenciones actual y reemplazarlo por un sistema más razonable que minimice la distorsión en la actividad económica, permitiendo la recuperación del sector agropecuario.
Desde la Comisión de Economía de la UCeDé, un grupo de economistas hemos puesto a consideración un proyecto que permitiría en lo inmediato desmantelar el actual régimen de retenciones al sector agropecuario, sin generar costos fiscales.
Proyecto
Una síntesis del proyecto establece: a) Liberar el mercado de cambios para operaciones de comercio exterior y financieras en fecha posterior a la asunción del nuevo Gobierno. b) La suspensión por 90 días de todas las retenciones al sector agropecuario hasta que el Honorable Congreso de la Nación reemplace el actual régimen por uno razonable. c) Desligar al Banco Central como único agente liquidador de divisas, pudiendo los exportadores liquidar en las instituciones financieras aprobadas por el BCRA. d) Devolver al sector exportador el IVA DGA para las operaciones realizadas en dicho lapso. E) A los efectos de no desfinanciar al Gobierno nacional, establecer un gravamen por 90 días equivalente al 10% del monto liquidado de exportaciones agropecuarias y una del 5% a las exportaciones industriales.
Como ciudadanos independientes, y tratando de contribuir al bienestar general, se procura hacer un aporte que abra la discusión y permita el retorno al sendero de la racionalidad. Sólo sumando ideas podremos salir de la decadencia.
