Sorpresivamente, el gobierno anunció un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con la intención de dirimir una cuestión clave para el agro y, en consecuencia, para la economía nacional: la propiedad intelectual en biotecnología. Una cuestión que va mucho más allá de los intereses de una multinacional (Monsanto) que está en el ojo de la tormenta por sus múltiples (y muchas veces desafortunados) intentos por cobrar regalías por el uso de sus semillas y eventos transgénicos.
La biotecnología ha sido la clave de la aceleración de la Segunda Revolución de las Pampas. La llegada de la soja RR en1996 simplificó el cultivo, permitió avanzar sobre campos inutilizados para la agricultura por el gramón y el sorgo de Alepo. Facilitó la siembra directa, que permitió detener el proceso de degradación de los suelos provocada por el laboreo intensivo. La producción de soja se cuadruplicó en menos de veinte años: pasó de 15 a 60 millones de toneladas. Un festín en el que abrevaron todos, productores, dueños de campos, la gente de los pueblos. Y en particular el gobierno K, que desde hace ocho años se queda con uno de cada tres camiones cuando llegan al puerto.
Cualquiera imaginaría que las compañías de semillas, empezando por Monsanto, “la hicieron con pala” en este ciclo. Pero en el agro todos saben que entre el “uso propio” y la “bolsa blanca”, el negocio de crear nuevas semillas se fue deteriorando. Si ya era difícil obtener nuevas variedades con las técnicas convencionales de la genética clásica, mucho más complicado se hizo cuando llegó la hora de la biología molecular y la transgénesis.
La industria semillera, nacional, multinacional, cooperativa e incluso estatal (variedades del INTA) sufrió un severo deterioro. El uso propio se convirtió en abuso, y no por parte de los pequeños productores, sino muchas veces por grandes organizaciones. Se agudizó el flagelo de la bolsa blanca donde muchos convertían en semilla lo que compraban con destino de molienda.
Todas las alquimias ensayadas por las empresas tuvieron magros resultados. La más agresiva fue Monsanto, que se inmoló en el afán de introducir su evento Intacta, que todo el mundo reconoce como un avance importante. El controvertido mecanismo de pago de regalías al entregar la producción, una opción que tomó el 30% de los productores, se topó con la oposición de la dirigencia. El 70% adoptó Intacta pagando la tecnología al comprar la semilla.
El DNU anunciado por el propio Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a quien acompañaron el Ministro y el secretario de Agricultura, más el delegado personal de CFK en el Ministerio, Javier Rodríguez, no conoció todavía la luz. Pero el comunicado oficial del MinAgro tiene el valor de reivindicar la importancia del reconocimiento de la propiedad intelectual. Menciona los problemas que ocasionan a la industria de semillas la bolsa blanca y el uso propio.
El propio Aníbal Fernández le dijo a las entidades de los productores, presentes en el encuentro en el que se anunció la iniciativa, que tendrían que “tomarse la sopa”, lo que en criollo significaba que el sistema propuesto iba a impulsar el pago de la tecnología.
La primera pregunta que conviene hacerse es que, tratándose de algo tan trascendente, por qué intentar resolverlo con un DNU en lugar de enviar al Congreso un proyecto de ley. Sobre todo, cuando al gobierno K le quedan apenas cuatro meses de vida, durante la cual difícilmente se logren implementar los aún ignotos mecanismos que se propondrían.
La cadena está en tensión por este tema, pero no se lo puede resolver entre gallos y medianoche. Lo que está en juego es el flujo tecnológico, que es como decir el flujo de divisas. La competitividad germina con la semilla. Conviene recordar que el problema del capitalismo no es el capital, sino la propiedad.
