Mañana productores, acopiadores y exportadores asistirán por separado a las oficinas de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para dar lugar a la denuncia que hicieron la Federación Agraria Argentina y la Sociedad Rural Argentina respecto de la cláusula que impulsó Monsanto para el cobro de su tecnología aplicada en soja y que amenaza con frenar el comercio de granos que arranca en una semana. En paralelo, la Corte Suprema hizo lugar a un amparo que presentó en junio pasado la federación de acopiadores y designó el juzgado que deberá “pronunciarse” después de Semana Santa.
Según los escritos dejados por las entidades rurales por abuso de posición contra Monsanto, la cláusula “viola las actuales leyes de semillas y de patentes vigentes”. Desde la empresa rechazaron tal denuncia dado que sólo representan “el 4%” del negocio. Sin embargo, será Defensa de la Competencia quien dé una respuesta y es por eso que convocó a los involucrados para escuchar en boca de ellos cuál es su parecer.
Al mismo tiempo, la Corte Suprema dio respuesta la semana pasada a un amparo de la federación de acopiadores sobre la legalidad o no de la cláusula. Para ello designó al Juzgado Federal Número 7 Secretaría 14, el cual se deberá “pronunciar rápidamente”, según fuentes judiciales.
El Gobierno, con el ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile a la cabeza, busca algún punto de acuerdo entre las partes armando una mesa de diálogo entre Monsanto y productores, pero a la fecha no hubo avances.
La empresa norteamericana entiende que no cobrar “nada” por la tecnología es ir “contra todo un modelo de negocio a nivel mundial”. Vale recordar que algunos productores no sólo firmaron la cláusula sino que también pagaron por adelantado, quedando la multinacional en offside si tiene que devolver lo cobrado.
Fuentes oficiales dejaron en claro que “no se puede frenar ni poner trabas al comercio argentino de granos; frente a eso nos vamos a manejar dentro de la ley”. Respecto de los contratos que lleva adelante Monsanto, aclaró que sin bien “es un tema entre privados, seguirá siendo un problema entre ellos, el cual tendrán que discutirlo aparte. Pero aquellos que no están involucrados tienen que poder comercializar sin ningún problema”.
Por lo pronto, el reconocimiento de la tecnología estará entre los temas a tratar por el presidente de los EE.UU., Barack Obama, y Mauricio Macri. La embajada norteamericana ya estuvo hablando en varias instancias con los funcionarios de Agroindustria y presidentes rurales.
Monsanto ya avisó que desde hoy empezarán los controles. Los productores también amenazan no sólo con no vender la soja, sino con cortar los accesos a los puertos. Hay un antecedente. En 2006 la multinacional frenó barcos por la soja RR1 en Europa, y si bien el juicio lo ganó la Argentina, el tema puede volver. Está en juego el ingreso de más de 18.000 millones de dólares.
