"Para garantizar la libertad del comercio de granos". Con este título, ayer el Ministerio de Agroindustria volvió a publicar un informe sobre la polémica desatada por la intención de Monsanto de aplicar un sistema de fiscalización para que los productores paguen un porcentaje por la propiedad intelectual de los granos al momento de su comercialización.
El año pasado, ante el avance de la implementación del sistema, productores nucleados en la Federación Agraria realizaron distintas presentaciones ante la Comisión de Defensa de la Competencia para frenar el avance del sistema.
En febrero, la cartera que conduce Ricardo Buryaile emitió la Resolución 140/2016 que oficializó la decisión de exigir autorización previa en todos los sistemas de control que se utilicen en el mercado de granos. Esto invalidó los procedimientos de Monsanto. Ayer, Agroindustria recordó que tanto esta resolución como la 147/2016 están vigentes.
"Para brindar certidumbre y equidad al comercio de granos, instamos a todos los actores de la cadena a respetar los acuerdos alcanzados y cumplimentar los requisitos establecidos por las Resoluciones", sostuvo la cartera en un comunicado. También explicó que, junto con toda la cadena de valor vinculada al desarrollo y al uso de genética vegetal, "coinciden en que el Instituto Nacional de Semillas debe implementar el control del mercado de semillas, por lo que se decidió constituir su directorio y avanzar en soluciones de fondo, evitando el uso ilegal".
Agrega que el propósito es no interferir en acuerdos privados, "siempre que no se restrinja la libertad del comercio de granos". Además informa que hasta ahora se recibieron dos solicitudes de validación de métodos de detección de organismos genéticamente modificados (OGM), y que ambas "están cumplimentando los requisitos formales para luego ser sometidos al Comité Evaluador que dictaminará sobre su validez".
